El juez Anthony Cuevas Ramos concedió 10 días al gobernador Pedro Pierluisi y al Departamento de Educación para contestar la demanda que presentaron las portavoces del Proyecto Dignidad en el Senado y la Cámara de Representantes —Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz, respectivamente— donde señalan que la expansión del currículo con perspectiva de género mediante órdenes ejecutivas tiene el efecto de privarlas de cumplir con sus responsabilidades y facultades como legisladoras.
¿Por qué señalan que interfiere con sus facultades como legisladoras?
Según exponen en la demanda, las órdenes ejecutivas que le dieron luz verde a la expansión del currículo con perspectiva de género proponen la ampliación de la Ley 62 de 2017, mejor conocida como la Ley para disponer el desarrollo de un proyecto piloto de escuelas coeducativas dirigido a promover la equidad de género.
Sin embargo, las legisladoras señalan que para ampliar el programa se requiere la evaluación de la Asamblea Legislativa.
¿Qué solicitan?
Rodríguez Veve y Burgos Muñiz solicitan un cese y desista de la implantación y ejecución de las órdenes ejecutivas 2020-078 y 2021-013 en lo relacionado a la implantación de un currículo con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza.
También solicitan que se decrete que las órdenes ejecutivas 2020-078 y 2021-013 constituyen una actuación ejecutiva que excede los poderes constitucionales y que usurpan las prerrogativas, facultades y derechos de la Asamblea Legislativa en lo concerniente a ordenar la implantación de un currículo de perspectiva de género en todo el sistema público de enseñanza a través de las escuelas coeducativas.
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