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Entre apoyo y críticas el primer día de vistas del proyecto sobre terapias de conversión

Por María Soledad Dávila Calero

Durante el primer día de vistas para el Proyecto del Senado 184 —que busca la prohibición de la práctica de la terapia de conversión a menores de edad— se documentó el aval a la medida de parte de profesionales de la salud mental y activistas. Mientras, sus detractores catalogaron como amplia la definición de «terapias de conversión» y su alcance.

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El Proyecto del Senado 184 enmienda dos artículos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, o la Ley 408 de 2000 para prohibir que profesionales de la salud mental puedan practicar terapias o procedimientos de conversión y que —de hacerlo— serían referidos a las juntas examinadoras correspondientes. Además, la medida propone enmiendas en dos artículos la Ley 246 de 2010 o Ley Para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores a los fines de tipificar como maltrato el someter a menores de edad a esos procedimientos de conversión.

A favor

El día comenzó con el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central de Caribe, José A. Franceschini-Carlo, quien aseguró que «no puede haber tratamiento para algo que no se considera enfermedad por los expertos».

Aunque el psiquiatra indicó que al momento de la vista no se había leído el proyecto, cuando la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, quien también es una de las autoras del proyecto, le leyó la definición y alcance, Fracechini endosó el texto leído.

Más allá del texto de la ley, una pregunta recurrente de algunas senadoras presentes, como la senadora novoprogresista Marissa Jiménez, fue sobre números precisos de las instancias en que profesionales de la salud hayan practicado procedimientos de conversión.

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Sin embargo, la primera presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS), Lydael Vega Soto, indicó debido al marco legal actual es más difícil recoger quejas.

«Reiteramos la importancia de que se tipifique como maltrato para eso mismo, para que pueda haber la denuncia. En la medida que no estaba tipificado como maltrato, no podía existir la denuncia», dijo Vega, quien también expresó el endoso del colegio al proyecto.

En cuanto a la tipificación de maltrato, la vicepresidenta del CPTS argumentó que expandiría las personas que deberían hacer una denuncia en caso de advenir conocimiento de un menor al que hayan sometido a procedimientos de conversión.

El presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, senador independiente José Vargas Vidot, quien es otro de los autores de la medida, así como el deponente Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Igualdad, hicieron hincapié en lo difícil que es conseguir información de conductas con algún nivel de clandestinidad.

«La trata humana se prohíbe, pero no tenemos que sabe dónde se da para prohibirla», dijo Vargas Vidot, y añadió que «buscar un folio o una estadística formal, la mayoría de las veces se va a hacer difícil cuando se trata de explicar una conducta que es ilegal. Nadie publica ‘estoy aquí robando’».

Por otro lado, Amárilis Pagán, directora ejecutiva de Proyecto Matria, argumentó que la aprobación del Proyecto del Senado 184 facilitaría la recopilación de datos. Además, Pagán argumentó que la medida le daría una herramienta a los padres y a las madres para defenderse de personas que insistan de procedimientos de conversión contra sus hijos o hijas por esto estar clasificados como maltrato.

En contra

Los deponentes en contra del Proyecto del Senado 184 comenzaron con el pastor René Pereira, quien vino acompañado del exjuez y reverendo Jorge Lucas Escribano, y además basó gran parte de su turno en argumentar que el proyecto se entromete en su derecho de libertad religiosa.

Según Pereira, esto quedó evidenciado porque los deponentes anteriores aludían a contextos religiosos.

Además, Pereira argumentó que la medida que se estaba atendiendo en la vista pública tenía que evaluarse en conjunto con el Proyecto del Senado 185, que busca crear la Ley para Declarar un Estado de Emergencia por Violencia de Género.

Luego del receso de almuerzo, depusieron Marta Caraballo, portavoz de Alerta Puerto Rico, y la pediatra Rosalinda Valcárcel. El grueso de la ponencia de Caraballo se enfocó en su apreciación de que el proyecto incide en su derecho de criar a sus hijos o hijas. Esta también fue una preocupación de Pereira.

Por su parte, Valcárcel argumentó que el proyecto abría la puerta a que menores de edad comiencen los procedimientos de reafirmación de género por las que pueden optar las personas trans. La pediatra argumentó que en cuanto a la sexualidad de los jóvenes, lo mejor es esperar pasado a los 25 años, que ya habrá salido de la pubertad.

«Durante este periodo convulso de grandes cambios, de gran vulnerabilidad, no es recomendable intervenir. Solo debemos apoyar y reconocer que el tratamiento empírico natural es esperar», dijo Valcárcel.

En respuesta a esta aseveración, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, respondió que esa línea de pensamiento va más alineada a prohibir los procedimientos de conversión.

¿Qué proponen las personas que están en contra?

Tanto los deponentes en contra de la medida, como la senadora Joane Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, dijeron que apoyarían un proyecto que tenga una definición más estrecha de lo que la medida define como terapias de conversión, para que se limite solo a los casos más violentos.

Luego del testimonio de Gustavo Villanueva, la senadora Rodríguez Veve también sostuvo que estaría dispuesta a considerar la medida si se eliminaba la tipificación de maltrato contra los padres y las madres que sometan a sus menores a este tipo de proceso.

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