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72% de pensiones permanecerán intactas

El gobierno litigará por el restante 28%.

Por Daniel Rivera Vargas

Con el rechazo del gobernador Pedro Pierluisi, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) presentó hoy en vista pública el plan de ajuste de la deuda que sería discutido en noviembre ante la jueza Laura Taylor Swain, y que incluye la protección al 72% de las pensiones de personas retiradas.

Tras la trigésima vista pública de la JSAF, en un proceso que duró cerca de dos horas desde el Centro de Convenciones Pedro Rosselló en Miramar, el gobernador dijo que apoyaba el plan ya enmendado en siete ocasiones, excepto el recorte al 28% de las pensiones.

«Yo espero que la jueza, en su sentido de justicia, no le de paso a este recorte innecesario», agregó.

«Es una cantidad insignificante (y) es mejor opción reducir gastos en otras partidas», dijo Pierluisi. «Esto para mí ya un asunto ideológico porque no tiene que ser incluido en el plan de ajuste», añadió.

También aseguró que «yo estoy litigando el asunto ante los tribunales» y aseguró que su compromiso es que el gobierno seguirá pagando la totalidad de las pensiones.

Los restantes miembros de la JSAF defendieron las bondades del plan de ajuste, incluyendo el recorte de los pensionados.

El licenciado Albert González, quien fue juez en casos de quiebra, sostuvo que en procesos de bancarrota, si uno de los acreedores no es afectado como lo serían los pensionados, otros acreedores pudieran decir que no se ha sido justo porque a ese grupo no le están tocando sus pensiones.

Según se explicó en la audiencia, el recorte sería de 8.5% por cada dólar después de los $1,500.

Por tanto, los pensionados de, por ejemplo, $3,000, no verán sus pensiones afectadas en los primeros $1,500, sino en el dinero adicional por encima de esa cantidad.

Sin embargo, según explicó el gobernador, no es tan simple. Pierluisi, quien por disposición de ley es parte de la JSAF, dijo que ya las personas pensionadas han visto sus pensiones seriamente recortadas en varias ocasiones desde el 2013.

«Yo no apoyaré un plan que afecte al sector más vulnerable, no importa cuán pocos sean», dijo Pierluisi.

También se expresó sobre el tema de las pensiones la representante Lourdes Ramos, quien lleva años pidiendo que no se recorten más las pensiones. “Yo recibo todos los días llamadas a la oficina de personas que me dicen que tienen que reducir sus medicinas porque no le dan sus pensiones», sostuvo.

La representante reiteró que le hizo llegar a Jaresko dos resoluciones relacionadas a una emisión de bonos fracasada de $3,000 millones realizada en el 2007, que según ella fue ilegal y que la jueza Swain ha dicho que gastos ilegales no deben ser incluidos.

Los miembros de la junta reaccionaron a Ramos, incluyendo el presidente del organismo, David Skeel, quien dijo que la falta de dinero en el programa de pensiones es un problema político, porque pasadas administraciones del gobierno no separaron dinero para esas partidas.

Asimismo, entre las personas que aprovecharon las vistas públicas para expresarse, se encontraron representantes del sector de la energía renovable como Víctor González, de la empresa Windmar, quien denunció la injerencia de la JSAF en el tema energético.

«Ustedes, la JSF escogieron ser los únicos regentes en Puerto Rico del tema energético… Por favor, detengan sus acciones contra la energía renovable. Están afectando a los consumidores de Puerto Rico», sostuvo González.

El plan, a la luz de la Junta

Los miembros de la JSF dieron su versión del plan con gráficas, en una transmisión digital en ambos idiomas, y con cada integrante participando del foro.

Básicamente, explicaron un recorte de la deuda de casi la mitad. De más de $70,000 millones en deuda, se reduce a $34,000 millones.

Le permitirá generar una reserva de $1,000 millones para emergencias naturales, con otros $1,000 millones en la cuenta del gobierno, con el gobierno de Puerto Rico reduciendo la cantidad de sus ingresos comprometidos para el pago de deuda del actual 25% a un 7.2%.

Estas medidas cuentan con el apoyo de cerca del 90% de los acreedores de grupos como Obligaciones Generales, y son producto de meses de conversaciones que incluyen a gremios de trabajadores y, nuevamente, representa el fin de la quiebra y la cercanía del fin del régimen fiscal bajo la JSAF.

«Este es el mejor momento para Puerto Rico salir de la quiebra», dijo la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, quien resaltó que la aprobación del plan es «un paso crítico para salir de la Junta».

El fin de la junta es lo medular, según Justin Peterson, uno de los miembros de la JSAF nombrados por el pasado presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La junta es una de las herramientas creada por el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, mejor conocida como la Ley PROMESA. Este cuerpo supervisa las finanzas gubernamentales, mientras encabeza el proceso de negociación entre acreedores y el gobierno de Puerto Rico.

«Yo creo firmemente en que los americanos deben ser gobernados por sus funcionarios electos, no por una junta que no es electa», indicó.

Mientras, otro miembro de la JSAF, John Nixon, destacó que «Puerto Rico crecerá cuando termine la quiebra», y contó que su madre en Utah recibe pensión del gobierno por lo que entiende la importancia de este beneficio, pero que el recorte de algunas pensiones es algo necesario en este proceso.

«Este plan no es perfecto, pero es tan bien balanceado como puede ser», afirmó.

Otro integrante de la JSAF, el puertorriqueño Antonio Medina, dijo que el proceso de salir de la quiebra es un paso crucial para que haya un nuevo periodo de crecimiento económico. Recordó que cuando administró la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), los inversionistas del exterior en el 2013 estaban muy interesados en invertir en Puerto Rico, pero todo eso cambió cuando el gobierno dijo en 2016 que no podía pagar sus deudas.

«Todos los inversionistas se alejaron de Puerto Rico», dijo Medina.

Eso cambiaría con la aprobación del plan, porque al sacar a Puerto Rico de la quiebra, el gobierno tendría más dinero para obra pública.

«Necesitamos un periodo de crecimiento económico», sostuvo Medina.

Pierluisi, al apoyar el plan, dijo que el documento colocaría al archipiélago como unas de las jurisdicciones con menos deuda y representará un «amanecer en el desarrollo económico».

Al mismo tiempo, sostuvo que apoyará toda medida legislativa dirigida a crear nuevos bonos, pero que no aprobaría nada que afecte las pensiones.

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