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Exponen barreras que limitan acceso a la justicia

La licenciada Zoan Dávila Roldán comenta sobre desigualdades en el sistema legal.

Por Valeria Alicea Guzmán

Cuando se discuten los límites que impiden el acceso a la justicia, el enfoque surge, en la mayoría de los casos, desde la premisa de las violencias racistas, patriarcales y clasistas. Sin embargo, para la abogada y activista Zoan Dávila Roldán, el análisis debe partir de una mirada holística al sistema.

«La raíz del problema está en el sistema. Me refiero de manera muy particular al sistema en que vivimos que es un sistema capitalista, un sistema racista y un sistema machista. No solamente vamos a ver que el problema de acceso tiene que ver con que la gente no tenga una capacidad económica para pagar una buena representación legal, sino que va a haber unos retos a los que la gente empobrecida [y] las mujeres van a enfrentar dentro del sistema legal», expresó la licenciada.

Dávila Roldán reconoció que en Puerto Rico la discusión del tema está en avanzada «en tanto hay un reconocimiento en la necesidad de tener programas que, por un lado, eduquen a la gente sobre cómo son los procesos legales, cómo funcionan, y que hayan proyectos que provean representación legal gratuita a personas empobrecidas, a personas que son indigentes».

El acceso a la justicia es, según Ayuda Legal Puerto Rico, el derecho que tienen las personas en una sociedad democrática a que se les garanticen «las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos”.

Aunque la abogada resaltó la importancia de que existan programas que atiendan el acceso a la justicia, manifestó que «el sistema en general va a ser un impedimento» para que los miembros de la profesión legal puedan brindar los servicios a personas de bajos recursos.

«Más allá de los prejuicios que operan en el sistema, es un problema también de cómo en una sociedad capitalista no hay un reconocimiento de cuáles son las necesidades de la gente. Se van recortando servicios que van afectando la vida de las personas empobrecidas. En contraste con eso, hay otros grupos que no sufren el daño de esos recortes y de esa precarización de los servicios», señaló.

Analizar el manejo de los casos

La activista de derechos humanos también comentó que se debe analizar la forma en la que se manejan los casos dentro del sistema de justicia.

Contó que, mientras laboró en la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se topó con muchos casos de desahucios a personas que vivían en residenciales públicos «que en su mayoría eran mujeres negras jefas de familia».

Además, explicó que algunas de las mujeres se enfrentaban a este proceso debido a «problemas de documentación, a la falta de pagos, como uno o dos pagos, que no eran significativos. Eran cantidades bien ínfimas».

«Si el juez o la jueza que estaban atendiendo el caso tenían consideraciones a partir del entendimiento de que es gente empobrecida, gente que necesita la vivienda, pues tenían algunas consideraciones dentro del proceso para llegar a unos acuerdos, pero vi que en otros casos esas consideraciones no se daban», agregó.

Dávila Roldán señaló que muchas personas no comparecen a los tribunales por deficiencias en la comunicación o por no comprender el proceso al que se enfrentan.

«El problema viene de muchas dimensiones: falta de entendimiento, falta de protección legal [y por] falta de consideraciones y entendimiento de las experiencias que viven las personas empobrecidas por parte de quienes operan el derecho», sostuvo.

Asimismo, Dávila Roldán enfatizó en que hay que reconocer los esfuerzos de entidades como Ayuda Legal Puerto Rico y Enlace con Escuelas Públicas, un grupo que busca fomentar el acceso de estudiantes del sistema público a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras iniciativas creadas para educar a la población sobre cómo funcionan los procesos judiciales.

Mencionó, además, la importancia de implementar métodos para fortalecer proyectos como las clínicas de asistencia legal, pues «hay una necesidad inmensa de representación legal» para personas de escasos recursos.

Ante la interrogativa sobre las posibles soluciones que existen para atender y erradicar las barreras al acceso a la justicia, Dávila Roldán concluyó que es necesario «entender el sistema, poder entender esa desigualdad como algo estructural y no como algo que se pueda atender de manera individual».

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