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Mirada profunda a las reformas al Tribunal Supremo federal

Conoce algunas de las propuestas que analiza la Comisión Presidencial sobre el Tribunal Supremo federal

Por Daniel Rivera Vargas

El riesgo de aumentar la cantidad de jueces y juezas del Tribunal Supremo, la posibilidad de reducir de cinco a cuatro los votos necesarios para detener una condena de pena de muerte, la contratación permanente de abogados y abogadas para que participen en la decisión de qué certiorari atenderá el alto foro, y que la judicatura ofrezca explicaciones escritas para el momento en que emiten una orden de emergencia son algunas propuestas que baraja la Comisión Presidencial sobre el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que podrían llegar el mes próximo ante la consideración del presidente Joe Biden.

La comisión, creada en abril pasado por la Orden Ejecutiva 14023, estuvo sumamente activa a finales de la semana pasada. El jueves divulgó sus «materiales de discusión», un paquete de cientos de páginas de documentos con diversas propuestas de reforma, mientras que el viernes, la celebró una vista pública en la que se expresaron sus integrantes sobre el estado del proceso.

«Lo que ellos están mirando y examinando es el rol de la corte en el sistema constitucional, la extensión del término de los jueces, el tamaño de la corte y las reglas de selección y prácticas”, dijo el jueves la secretaria de prensa de Casa Blanca, Jen Psaki.

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Lo que fue evidente en este proceso es que hay muchas propuestas, pero poco consenso. Por ejemplo, Tara Leigh Grove, profesora en la escuela de derecho de la Universidad de Alabama, planteó que había que evaluar «no sólo qué hacer con un problema si no si en realidad existe un problema».

Sobre aumentar cantidad de jueces y juezas del Tribunal Supremo

El tema que más controversia genera, y al que dedican 46 páginas, es la posibilidad de aumentar la cantidad de jueces y juezas.

Los materiales de discusión hicieron recuento histórico de la composición del tribunal, como que tiene nueve integrantes desde 1869, a pesar del intento de ‘court packing‘ del presidente Franklin Delano Roosevelt. Este hubiera agregado seis nuevos jueces al alto foro cuando el Supremo de los años 30 le cerró las puertas a varias de sus medidas de reforma. Recordaron también que un llamado a expandir la corte comenzó en el bando demócrata luego de que fuera ignorada la nominación por parte del presidente Barack Obama de Merrick Garland. Luego fueron tres nombramientos al alto foro por parte del presidente Donald Trump, aunque se afirma que incluso del bando demócrata hay sectores que no apoyan expandir el tribunal.

Los documentos indican que no hay un impedimento legal para que el Congreso ordene expandir el Tribunal Supremo, y que de hecho lo hizo siete veces en el siglo XIX. Sin embargo, hay una norma no escrita en contra de esta práctica llamada «court packing», y se percibe como un atentado a la independencia judicial. Así que, en ausencia de un impedimento legal, se trata de un asunto de «prudencia», según los borradores distribuidos por la propia comisión.

Ahora, en la vista del viernes se expuso cómo la idea de la legalidad de expandir el tribunal es correcta. «La constitucionalidad de esta propuesta es muy fina», dijo el profesor Michael Ramsey de la escuela de derecho de la Universidad de San Diego.

Mientras, Sherrilyn Ifill, presidenta del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), criticó en la vista que «la arquitectura» de los materiales de discusión da la impresión de que se rechaza la expansión cuando no hay en la comisión un apoyo.

«Toda esta discusión está basada en un debate partidista y pienso que esto da un flaco servicio a ese argumento. Hay personas que tienen preocupaciones serias en las discusiones de la comunidad jurídica, que se preocupan por la reputación de la corte y el imperio de la ley, y eso incluye a todos los comisionados aquí presentes… nosotros estamos aquí porque nos importa la democracia, porque reconocemos que el apoyo al imperio de la ley está en su punto más bajo», señaló Ifill.

Hay personas que están a favor de la expansión del tribunal

Hay propuestas para añadir entre dos y nueve jueces y juezas. Aumentar la cantidad podría ayudar a que el tribunal aumente la cantidad de casos que resuelve en los méritos, actualmente unos 70 anualmente. Hace 30 años resolvían cerca del doble -150- y para algunas personas podría restituir la legitimidad de un tribunal afectado por las acciones e inacciones políticas de los pasados años.

«Pero los riesgos de expandir el tribunal son considerables, incluyendo que puede restarle al propósito de los proponentes (de la expansión) de restaurar la legitimidad del tribunal… puede ser percibida por muchos como una movida partidista… desde esa perspectiva es para muchos un peligroso agarre al poder por parte de un partido político», menciona el borrador.

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Hay otras propuestas de reforma, como hacer que la elección de las y los integrantes del Tribunal Supremo sea mediante rotación entre la judicatura federal, pero esto plantea más cuestionamientos constitucionales aunque -contrario a los materiales de discusión del jueves- el viernes en la vista pública Justin Driver, de la escuela de derecho de la Universidad de Yale, discrepó de este acercamiento.

«Los materiales de discusión arrojan grandes sombras sobre la constitucionalidad de trabajar en paneles», indicó Driver. También recordó que el circuito de Washington normalmente resuelve a través de paneles y esto se entiende que es decisión del circuito en pleno pero «me temo que el acercamiento es excesivamente formal».

Los materiales de discusión no asumen una posición final sobre la expansión o sobre la no expansión, pero advierten que generará gran debate y será divisorio.

Aumentar la cantidad de jueces y juezas puede ser beneficioso para otro de los temas medulares para la comisión, como limitar los años o términos de un juez o jueza, así como que ayudaría a implantar otras reformas. En la actualidad, un nombramiento a la judicatura del Supremo es considerado de por vida. La comisión entiende que la posibilidad de limitar los términos es la que tiene «más apoyo bipartita», incluso entre miembros del propio Tribunal Supremo.

«Una comisión bipartita de abogados y abogadas con experiencia ante el Tribunal Supremo entiende que limitar los términos a 18 años merece seria consideración», indican los materiales de discusión.

Los materiales de discusión dejaron ver diversas áreas de posibles reformas en el alto foro federal y variedad de alternativas para atenderlas. Por ejemplo, la posibilidad de contratar abogados y abogadas con experiencia para trabajar en el Supremo buscaría permitir que la evaluación preliminar de los certiorari no dependa tanto de los oficiales jurídicos («law clerks»), que son profesionales del derecho recién graduados, y que también tienen entre sus tareas asistir a la judicatura en otras funciones.

Mientras, el viernes en la vista, la profesora Cristina Rodríguez, de la escuela de derecho de la Universidad de Yale, explicó que previo al encuentro del viernes hubo dos vistas en las que participaron unas 44 personas y se recibieron otros 23 testimonios escritos.

Rodríguez también comentó que recibieron cientos de comentarios del público, y seguirán recibiéndolos hasta el 14 de noviembre. La profesora recordó que los y las 34 juristas participantes de la comisión no tenían asignado hacer recomendaciones, sino exponer un análisis sobre el debate actual sobre reformar la corte y la legalidad de las propuestas.

Sobre la pena de muerte y el poder emitir una orden que detenga una ejecución

Un ejemplo de la diversidad de ópticas es el tema de pena de muerte y el poder de emitir una orden que detenga una ejecución. Por un lado, se indicó que se han registrado 185 casos donde una persona ha sido exonerada de la condena luego de que fuera ejecutada. Por otro lado, se cita al juez Clarence Thomas diciendo que en ocasiones la injusticia se exhibe cuando «se retrasa la justicia», en alusión a las víctimas de las personas condenadas a muerte, que a veces viajan a presenciar una ejecución para que esta sea detenida a última hora, y que los casos de pena de muerte tardan en promedio 18 años entre veredicto y condena.

Otras propuestas para el Tribunal Supremo

Los materiales de discusión también plantean ideas como exhortar al Tribunal Supremo a reactivar el mecanismo de certificación para atender preguntas que tengan jueces y juezas federales de cortes inferiores, planteando que esto sería beneficioso, incluso para recibir sus perspectivas; y   asignar a otros jueces y juezas la tarea de referir al Tribunal Supremo los casos que serán considerados, aunque en este asunto hay cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la idea.

Asimismo, se discute la necesidad de que los jueces y juezas estén directamente regidos bajo un código de ética judicial (en la actualidad no están obligados, como el resto de la judicatura federal). «Demostrarían su compromiso con una cultura ética», indican los materiales de discusión.

Los trabajos de la comisión también representan un esfuerzo de sintetizar parte de las realidades del alto foro, que arrojan diversidad de datos, como por ejemplo, que anualmente los jueces y juezas se recusan de ver cerca de 200 casos todos los años. También se incluyen propuestas como que los jueces y juezas tengan que decir por qué se recusan, cuando en la actualidad se tiene que inferir, como por ejemplo que el juez Stephen Breyer rutinariamente se excusa de participar en casos de decisiones donde el juez es su hermano, quien también es juez federal. Otro ejemplo es el del juez presidente John Roberts, quien no participó de un caso contra el Smithsonian Institute, ya que forma parte de su junta directiva. También hay una propuesta para que revisar si esa recusación en realidad procede o si el juez o jueza debe participar en ese caso.

También se plantean los beneficios de incluir cámaras en las vistas del Tribunal Supremo, tanto por razones históricas como para abonar a la transparencia, pero se reconoce que tradicionalmente el alto foro se opone a esta opción para la difusión de sus procesos.

La Casa Blanca reiteró el jueves que no será hasta mediados de noviembre que se espere que el presidente reciba un informe completo para una reforma al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

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