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Lamentan la posición del DOJ sobre los casos insulares

Neil Weare, presidente y fundador de la organización no gubernamental Equally American, el abogado Rafael Cox Alomar y David Cole, de la Unión Americana de Libertades Civiles reaccionaron a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Por Daniel Rivera Vargas

Representantes de diversos sectores lamentaron la posición asumida ayer tarde por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), quien se expresó en contra de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos expida un certiorari en el caso Fitisemanu v. United States.

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Neil Weare, presidente y fundador de la organización no gubernamental ‘Equally American’, destacó que 3.6 millones de personas que residen en los territorios, el 98% de la raza negra, se ven afectados por los casos insulares, que tienen un origen racista.

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“Es impactante que la Administración Biden-Harris y el Procurador General continúen dando vida a los Casos Insulares, que se basaron en una visión de la supremacía blanca que no tiene lugar en nuestra sociedad, y mucho menos en los escritos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos», dijo Weare en declaraciones escritas.

El DOJ alegó que no hace falta entrar al tema de los casos insulares, la serie de casos con matices racistas que da base para el trato diferente que reciben en términos de derechos y privilegios los ciudadanos y ciudadanas que residen en territorios como Puerto Rico frente a los que viven en los 50 estados.

Mientras, David Cole, de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que espera que a pesar de la posición del DOJ el Supremo federal decida acoger el certiorari que representa “una mancha en nuestra jurisprudencia constitucional”.

“La decisión del Procurador General de oponerse a la anulación de los casos insulares racistas simplemente no puede cuadrarse con los valores que subyacen a nuestra Constitución, o en lo que corresponde, a los profesados por la Administración Biden-Harris”, sostuvo el director legal de ACLU.

Por su parte, el profesor Rafael Cox Alomar, quien participa en uno de los recursos de Amigo de la Corte que urge al Supremo federal expedir el certiorari para que revoquen los casos insulares, expresó su desaprobación a la postura del DOJ.

“El Departamento de Justicia, aferrado a una lectura conservadora y textualista, sostiene en su alegato que los territorios (y en particular la Samoa Americana) no son parte de los Estados Unidos para propósitos de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. Que dicha disposición constitucional, que requiere la concesión de la ciudadanía americana por nacimiento para todo aquel que nace en suelo americano, únicamente surte efecto en los estados y no en los territorios”, dijo.

“Resulta sumamente revelador que la administración del presidente Biden, muy a pesar de una retórica más tolerante y conciliadora que aparenta distanciarse del cariz racista y etnocéntrico de los Casos Insulares, asume la misma posición que la administración del expresidente Trump”, agregó.

Desde el Congreso se expresaron figuras como el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene injerencia sobre temas de Puerto Rico, Raúl Grijalva.

«La defensa continua de la administración Biden de los Casos Insulares está completamente fuera de sintonía con hacia dónde debería ir nuestro país cuando se trata de abordar el racismo sistémico y la supremacía blanca», dijo el congresista. «Ahora le toca a la Corte Suprema y al Congreso dar un paso adelante y dejar en claro que la discriminación racial y el colonialismo no tienen lugar en nuestro país».

En un escrito de 27 páginas en el último día del plazo solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos para expresar su postura sobre las alegaciones del caso Fitisemanu v. United States,  el DOJ se opone al certiorari por varias razones, entre ellas la tradición congresional, que no es el deseo de la mayoría de los residentes de Samoa Estadounidense ser ciudadanos de EE.UU, que una decisión de esa naturaleza puede crear inestabilidad política en ese archipiélago y que entienden que el lenguaje de la Constitución es claro a favor de la actual interpretación de la cláusula de ciudadanía.