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DOJ dice que no es necesario evaluar casos insulares en nuevo pleito ante el Supremo federal

Se opone al certiorari por varias razones, entre ellas la tradición congresional, que no es el deseo de la mayoría de los residentes de Samoa Estadounidense el ser ciudadanos de EE.UU.

Por Daniel Rivera Vargas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) se expresó ayer lunes en contra de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos expida un certiorari en el caso Fitisemanu v. United States, alegando en parte que no hace falta entrar al tema de los casos insulares, la serie de casos con matices racistas que da base para el trato diferente que reciben en términos de derechos y privilegios los ciudadanos y ciudadanas que residen en territorios como Puerto Rico frente a los que viven en los 50 estados.

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“El gobierno de ninguna manera se basa en lo indefendible y los aspectos desacreditados del razonamiento de los casos insulares que los peticionarios destacan aquí”, lee el escrito.

Lee aquí la decisión

En un escrito de 27 páginas en el último día del plazo solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos para expresar su postura sobre las alegaciones del caso Fitisemanu v. United States,  el DOJ se opone al certiorari por varias razones, entre ellas la tradición congresional, que no es el deseo de la mayoría de los residentes de Samoa Estadounidense ser ciudadanos de EE.UU, que una decisión de esa naturaleza puede crear inestabilidad política en ese archipiélago y que entienden que el lenguaje de la Constitución es claro a favor de la actual interpretación de la cláusula de ciudadanía.

“El término ‘los Estados Unidos’ en la cláusula de ciudadanía no incluye a los territorios”, indicó el DOJ, en el escrito sometido hoy y firmada por la procuradora general Elizabeth B. Pregolar, su asistente Brian M. Boynton, y los abogados Sharon Swingle y Brad Hinshelwood.

En Fitisemanu, los demandantes son residentes de Samoa Estadounidense que piden que se reconozca que tienen derecho a ser ciudadanos de EE.UU desde que nacen. Para esto, los demandantes incluían entre sus reclamos la derogación de los casos insulares, una serie de casos de principios del siiglo XX donde jueces del Supremo usan términos como «salvajes» al argumentar sobre los residentes de los territorios.

Pero, la posición del DOJ es que no hace falta entrar al “marco” de los casos insulares para atender esta controversia, y defienden la validez de la ley federal 8 USC 1101 que plantea que “las personas nacidas en posesiones pueden ser nacionales, pero no ciudadanos, de Estados Unidos al nacer”.

“La defensa del gobierno a la constitucionalidad de la sección 1408 (1) en cambio, se basa en el texto de la Cláusula de Ciudadanía, que confiere la ciudadanía solo a las personas nacidas en ‘los Estados Unidos’, en la decimocuarta enmienda, y esta es un precedente muy anterior a los Casos Insulares. Como se discutió anteriormente, las herramientas ordinarias de interpretación constitucional, incluido el texto, el contexto, la práctica histórica y el precedente, establece que el término «Estados Unidos», tal como se utiliza en esa disposición, no incluye a Samoa Estadounidense”, reza parte de la moción.

Aunque Puerto Rico no es parte del caso directamente, diversas leyes congresionales vigentes son mencionadas en el escrito del DOJ, como por ejemplo el estatuto federal que provee ciudadanía estadounidense por nacimiento a los nacidos aquí y en territorios como Guam, Islas Vírgenes Estadounideses e Islas Marianas del Norte.

El DOJ también argumenta que la posición de los demandantes no es la de la mayoría de los residentes de Samoa Estadounidense.

Este caso se presentó inicialmente en Utah, donde en 2019 un juez falló a su favor, determinando que eran ciudadanos americanos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución federal, pero el caso fue revocado por el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito y los demandantes recurrieron al Supremo.

Aunque solo el 1% de los casos que llegan ante la consideración del Tribunal Supremo federal en certiorari son aceptados para evaluación por ese foro, Fitisemanu plantea un tema que es de interés conocido de al menos dos jueces, la puertorriqueña Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch, quien en su opinión escrita de Vaello-Madero describió los casos insulares como “derecho podrido” y en la vista oral expresó sin reservas de que estaban mal resueltos.

Se espera que el Supremo anuncie si acoge el certiorari de Fitisemanu este otoño.