El gobernador Pedro Pierluisi y el gobierno de Puerto Rico acudieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos con una petición de certiorari para disputar poderes que reclama la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
«Sin la intervención de este Tribunal, la función legislativa básica de Puerto Rico será subsumida por un litigio prolongado y costoso sobre la sustancia y la mecánica del proceso de la Sección 204 (a) y el objetivo de PROMESA de estabilidad fiscal a largo plazo para el Estado Libre Asociado será inalcanzable», reza parte del recurso de 46 páginas.
Las interrogantes elevadas por el gobierno local al Supremo federal son tres:
- ¿Qué norma de revisión rige la evaluación de un tribunal de distrito de la Junta para la determinación de que la legislación puertorriqueña «perjudica o frustra los propósitos de» la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) y su revisión de esa legislación para verificar su consistencia con el plan fiscal?
- Si esta norma de examen exige que la Junta explique de manera razonable y contemporánea sus decisiones sin basarse en justificaciones post-hoc.
- Si el tribunal de apelaciones se equivocó al afirmar la afirmación del Tribunal del Título III de que las determinaciones de la Junta con respecto a las Leyes puertorriqueñas 47, 82, 138 y 176 no fueron arbitrarias y caprichosas.
El caso busca revocar una decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, que confirmó a la jueza Laura Taylor Swain cuando validó las actuaciones de la Junta al prohibir varias leyes aprobadas por el gobierno de Puerto Rico.
Las leyes en disputa son la Ley 138 de 2019, del gobernador Ricardo Rosselló, para prohibir ciertas acciones de las aseguradoras que a su entender fomentaban la fuga de médicos del país; la Ley 82 de 2019, sometida a evaluación de la Junta durante la administración de Wanda Vázquez, que pretendía regular como algunas entidades intervienen en la negociación de costos médicos relacionados con farmacéuticas; la Ley 176 también de 2019, que “modestamente aumentaba” los días de enfermedad y vacaciones de los empleados públicos; y la Ley 47 de la gobernadora Vázquez para conceder alivios contributivos a médicos.
De entrada, el recurso describe como antidemocrática dos disposiciones de PROMESA, la 204 que exige someter un estimado del impacto fiscal de toda ley, y la 108 que prohíbe que se establezcan leyes contrarias a PROMESA, según lo determine la Junta. Se advierte además que la opinión del Primer Circuito socava el marco democrático del gobierno de Puerto Rico.
El ente fiscal ejerce su autoridad en varias instancias sin un marco claro sobre sus criterios, y en este escenario es que el Tribunal Supremo debe intervenir, plantea el recurso.
«Este caso plantea cuestiones de derecho administrativo con implicaciones vitales para la recuperación fiscal de Puerto Rico y gobierno democrático. Estas preguntas importan tanto para las leyes en litigio como para la futura legislación puertorriqueña mientras la Junta permanezca en lugar. Es imperativo que este Tribunal otorgue certiorari para aclarar qué normas rigen el poder de una junta no elegida (por el pueblo) para anular el proceso legislativo y democrático en Puerto Rico», reza el documento.
El gobierno presentó su petición al Supremo el pasado 18 de noviembre. La Junta tiene hasta el 22 de diciembre para oponerse, según un tracto electrónico del caso.
