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Sacudida al derecho administrativo tras opinión del Supremo federal

El abogado Jesús Alvarado Rivera habló con Microjuris sobre el tema.

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Por Daniel Rivera Vargas

Una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos representa un golpe significativo a una pieza importante de todo el andamiaje legal administrativo federal, que podría tener ramificaciones en estados y territorios como Puerto Rico, según el abogado Jesús Alvarado Rivera.

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El letrado, director legal global Antitrust ABinBev, aludía al caso Axon Enterprise, Inc. v. Federal Trade Commission, en el que en una decisión unánime emitida el viernes, los nueves jueces fallaron a favor de que los tribunales de distrito puedan atender alegaciones en las que se impugnan la constitucionalidad de las acciones de una agencia administrativa federal.

El caso, que agrupa a reclamaciones diferentes en contra de la Comisión de Bolsa y Valores (Security Exchange Comission, en inglés), y la Comisión federal de Comercio (Federal Trade Comission), es un cambio al tracto usual de los casos administrativos federales, en los que se inspira el trámite administrativo de jurisdicciones como Puerto Rico.

«Pone en entre juego la constitucionalidad y validez del sistema de investigación y adjudicación de estas dos agencias, entre muchas otras, que comparten poderes parecidos, donde la agencia tiene poder para iniciar investigaciones internamente y luego tiene poderes para adjudicar la controversia y finalmente tomar una determinación de este asunto y esta revisión que existe a estas determinaciones se da dentro de la misma agencia», dijo Alvarado Rivera.

Golpe a la EPA por parte del Supremo federal

«Ambos demandados afirman que los jueces de derecho administrativo (ALJ) de las agencias no son suficientemente responsables ante el Presidente, en violación del principio de separación de poderes. Y un demandante ataca también la combinación de funciones procesales y adjudicatarios en una sola agencia. Los desafíos son fundamentales, incluso existenciales. Sostienen en esencia que las agencias, tal como están estructuradas actualmente, son inconstitucionales en gran parte de su trabajo», indicó la jueza Elena Kagan, al escribir la opinión unánime.

«Nuestra tarea hoy no es resolver esos desafíos; bastante es decidir dónde pueden ser escuchados», agregó.

Alvarado Rivera explicó que usualmente en casos administrativos no intervienen los tribunales de distrito, sino que se tiene que agotar todas las vías administrativas antes de llegar al Tribunal de Apelaciones, pero con esta opinión el alto foro judicial por primera vez permite obviar el proceso ante un juez administrativo cuando el debate sea de «naturaleza extraordinaria», como era en estos casos, en los cuales se impugnaba la constitucionalidad del proceso en sí.

El alto foro federal permite con su opinión que los casos regresen ahora a cortes de distrito, que deben resolver el argumento, y en el proceso apelativo regresaran al Supremo federal para mantener o reducir el poder de las agencias en estos aspectos, dijo Alvarado Rivera.

«El Supremo dice que esa no es una controversia de las que usualmente pertenecen a las que la propia agencia debe resolver. No es algo en que FTC o SEC tienen «expertise» (peritaje) y donde los tribunales tiene que hacerse un lado, por tanto la corte suprema permite que esto sea visto por jueces de distrito», sostuvo Alvarado Rivera. «Esto no resuelve la constitucionalidad de este sistema administrativo o si no lo es. Esa pregunta existencial que podría tener gran impacto en las agencias se atendería luego».

Opinó que es una decisión importantísima porque sigue el rumbo de otras decisiones recientes del Supremo federal, como la que recortó poderes a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) al determinar que los poderes de las agencias deben estar claramente enumerados.

Alvarado Rivera argumentó que en términos generales esto le provee la oportunidad a las partes privadas para defenderse de imputaciones y de presentar evidencia.  Entonces, si la decisión final administrativa es adversa, siempre se puede pedir la intervención de un tribunal, el de apelaciones.

El letrado elaboró que esta nueva opinión se une a una serie de decisiones que hacen eco a las disidencias del pasado del juez Clarence Thomas, quien siempre se ha expresado a favor de limitar el poder cuasi judicial de las agencias administrativas.

Ahora, con el cambio de filosofía del Supremo, las posturas de Thomas tienen cada vez más eco y pasan de ser la disidencia a ser parte de la mayoría.

Por lo tanto, es posible que haya un alza en los retos judiciales contra las agencias.

«Es posible que veamos un alza o aumento en ese tipo de reclamos y creo que las agencias administrativas van a enfrentar grandes retos».

Asimismo, Alvarado Rivera dijo que se trata de decisiones sobre procesos administrativos federales, por lo que no afecta directamente a las agencias en Puerto Rico.

El abogado dijo que podría ocurrir en el futuro un caso en el que se use una estrategia jurídica similar para impugnar la validez de las agencias administrativas de la Isla.

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