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Un caso de derecho de familia, que podrían terminar de litigar en los tribunales de Colombia, llevó al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston a emitir una opinión sobre honorarios de abogado y costos de traducción.
Las partes en el caso son Asdrúbal Simón Mata Cabello y Taili Tee Thula, un matrimonio en proceso de divorcio que comienza su travesía legal en el foro estatal.
Thula acudió al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico para iniciar un proceso de divorcio contra Mata Cabello para solicitar la custodia de los dos hijos menores de la pareja. Para esa época, Thula se encontraba residiendo en Colombia.
Se presentaron, de igual forma, alegaciones de violaciones a la Convención de Aspectos Civiles de Secuestro Internacional de Niños, en La Haya, y la ley federal que se aprobó para implantarla, conocida como Icara.
Mata Cabello respondió pidiendo la desestimación por falta de jurisdicción porque Thula llevaba más de un año residiendo fuera de Puerto Rico, y el juez de primera instancia le dio la razón al demandado.
Poco después, el hombre demandó a la mujer en la esfera federal, ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, alegando que fue la mujer quien cometió violaciones bajo la ley federal y la convención de La Haya.
Reclamó, además, que los menores fueran llevados a Colombia para que las cortes de ese país dilucidaran la custodia de los menores y otras reclamaciones en el divorcio.
Tres semanas después que Mata Cabello fue al foro federal, Thula apeló la decisión del TPI en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.
Eventualmente, solicitó al tribunal federal que desestimara el reclamo de Mata Cabello porque el caso aún se estaba litigando en el foro estatal.
Entonces, varios meses después, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico falló a favor de la mujer, ordenando al TPI que reevaluará partes del caso.
El juez federal del caso en Puerto Rico, ordenó que esa expresión del Tribunal de Apelaciones estatal fuera traducida, esto al amparo de que todos los procesos y documentos en el foro federal en Puerto Rico deben ser traducidos del español al inglés.
Tras recibir la traducción del recurso apelativo estatal, el juez federal desestimó el caso presentado en este foro bajo la doctrina de abstención luego de determinar que «las partes llevan actualmente 14 meses litigando en los tribunales de Puerto Rico».
La demandante entonces presentó una nueva moción ante el foro federal, reclamando al demandado Mata Cabello la cantidad de $28,937.50 en honorarios de abogados y $5,480.20 para los gastos de la traducción certificada, en gran medida de la orden del Tribunal de Apelaciones estatal.
Alegó que Mata Cabello actuó de «mala fe» al presentar su caso a nivel federal. El juez federal del caso, Daniel Domínguez, denegó ambas solicitudes, por lo que Thula apeló.
En lo que se refiere a honorarios, Boston planteó que el único argumento de Thula ante el juez de distrito era que tenía un poder inherente para conceder los honorarios y que el demandado actuó de mala fe al ir al foro federal porque ya se había sometido a la jurisdicción de los tribunales estatales aunque sabía que la litigación estaba pendiente.
Sin embargo, el foro apelativo federal entiende que «no hay base para concluir que el juez de distrito abusó de su discreción» porque, coincidiendo con el juez de distrito, al momento del demandado acudir al foro federal ya el TPI había desestimado el recurso de Thula en su totalidad.
Sobre la reclamación de pago por servicios de interpretación, el demandado Mata Cabello argumentó que el juez Domínguez se equivocó al solo resolver que no debía pagare la traducción certificada de documentos porque «no tomó en consideración que bajo la Ley Jones «todos los procesos en la corte de estados Unidos de Puerto Rico deben conducirse en el idioma inglés».
Pero, Boston le da la razón al juez por dos argumentos:
- Que el demandado no levantó este argumento ante Domínguez por lo que se considera «renunciado».
- No elaboró adecuadamente su argumento, citando un caso de 1990, Zannino: «no es suficiente meramente mencionar un posible argumento en la forma más esqueletal posible, colocando al tribunal a hacer el trabajo del abogado, creando argumento y colocando carne en los huesos».