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El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito recientemente informó que se está evaluando la renominación de Mildred Cabán como la jueza presidenta del tribunal de quiebras para el Distrito de Puerto Rico.
Según informó el Primer Circuito, el actual término de Cabán expira el 16 de marzo de 2024.
Por lo que, el Tribunal de Apelaciones considera que amerita ser renominada, pero esto es «sujeto a aviso público y a la oportunidad de recibir comentarios de la ciudadanía».
Los interesados en expresarse sobre la jueza Cabán tienen hasta el 8 de septiembre para emitir sus comentarios por escrito de una de dos formas:
- Correo regular, enviada a Susan J. Goldberg, Circuit Executive, a la dirección John Joseph Moakley United States Courthouse, 1 Courthouse Way, Suite 3700, Boston, Massachusetts 02210
- Carta por correo electrónico en formato de PDF a la dirección Susan_Goldberg@ca1.uscourts.gov.
Los comentarios se mantendrán como confidenciales, se indicó.
Cabán es jueza del tribunal de quiebras en Puerto Rico desde 2010, pero fue ascendida al cargo de presidenta de ese foro en Puerto Rico en el 2018, sustituyendo al entonces presidente y todavía magistrado de este foro, Enrique S. Lamoutte Inclán, quien presidió ese foro desde 2009.
En la actualidad, la jueza actualmente es una de ocho integrantes del comité de educación cívica y alcance comunitario del Primer Circuito.
Asimismo, previo a su juramentación como presidenta en el 2018, la jueza Cabán había sido miembro del Federal Judicial Center’s Bankruptcy Judges Education Advisory Committee y fungía como representante del primer circuito para el Bankruptcy Judicial Advisory Group of the Administrative Office of the United States Courts.
Entre otras posiciones, también fue parte del Instituto de Bancarrota de Estados Unidos, la Liga de Ley Comercial de América, y la International Women’s Insolvency & Restructuring Confederation.
La jueza se graduó de bachillerato de Barnard College en el 1983 y su juris doctor es de la New York University School of Law en el 1986.
En el 1990 se convirtió en practicante de bancarrota en la firma Brown Newsom & Córdova.
Fue socia además de la firma Goldman Antonetti & Córdova, P.S.C., donde su práctica se enfocó en representar acreedores tanto en casos de bancarrota comerciales como de consumidores.
Fue oficial jurídico del ya retirado juez federal Héctor Laffitte.
