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El Senado de Puerto Rico dio paso a una medida multipartita que busca enmendar la Ley para la Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos, con el fin de modificar la política pública y las metas establecidas para el desvío de residuos sólidos.
Se trata del Proyecto del Senado 1048, el cual dispone que el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático deberá colaborar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para garantizar que las agencias del gobierno y los municipales cumplan con las obligaciones que les impone la ley.
Puedes descargar aquí la medida
Según surge de la exposición de motivos, cuando se aprobó la Ley 70-1992 hace treinta años, lo que se intentó promover fue una política pública ambiciosa de reducción, recuperación, desvío y reciclaje de desperdicios sólidos.
La ley ordenó la creación de Planes de Reciclaje municipales y el establecimiento de coordinadores para estos fines, así como programas de separación en la fuente, de reducción, reutilización y reciclaje, campañas educativas, ofrecimiento de asistencia técnica, desarrollo de incentivos económicos, préstamos y ayudas para el establecimiento de empresas dedicadas al reciclaje, preferencia en compras gubernamentales de productos con contenido de material reciclado, entre otros.
La ley estableció entonces como meta una reducción del 35% del volumen de desperdicios sólidos que se depositan en los vertederos para el año 2006.
Sin embargo, se señala que tres décadas más tarde, Puerto Rico no está cerca de alcanzar la meta, y que programas municipales de reciclaje que por muchos años fueron exitosos han desaparecido. De igual forma se destaca que tampoco hay campañas educativas, ni orientación a la ciudadanía sobre qué se puede reciclar y cómo se debe hacer.
Los propulsores de esta medida plantean que esta forma de manejar los desperdicios en la isla tiene que cambiar, ya que no solo es muy costosa para los municipios en el corto plazo, sino que sigue sobrecargando a los vertederos, lo cual genera mayores problemas económicos, ambientales y de salud pública, pues actualmente quedan 29 vertederos, de los cuales solo 11 están en cumplimiento, y los restantes 18 tienen órdenes de cierre de la EPA.
Con ese propósito, esta legislación establece como política pública el desarrollo e implementación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que fomenten la separación en la fuente de los materiales desechados por individuos, negocios e industrias.
Asimismo, promueve el reciclaje, compostaje y reutilización de residuos sólidos, con el objetivo de reducir el volumen de desechos sólidos.
Como parte de estas estrategias, se enmendarán las prácticas de manejo y disposición existentes para reducir al mínimo la dependencia de los vertederos en Puerto Rico..
Además, se establece que el Departamento de Desarrollo Económico y Departamento de Recursos Naturales desarrollarán un programa para incentivar e impulsar la creación y expansión de empresas, proyectos comunitarios y cooperativos e industrias que se dediquen al reciclaje y a la creación de productos con material reciclable.
Este programa tendrá como meta cumplir con los objetivos de esta Ley a nivel comunitario, municipal y estatal y deberá utilizar fondos de los programas del Community Development Block Grant (CDBG) y FEMA que estén disponibles, así como del Fondo Extraordinario para Atender el Recogido y Disposición de Residuos, Desperdicios y para Implementar Programas de Reciclaje en los Municipios.
También se modifica la meta total de reducción de desperdicios en los vertederos, y establece que ahora será de 60% para en o antes del año 2030.
El DRNA, el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio deberán diseñar, establecer e implementar programas de asistencia técnica, ayuda económica e incentivos con el fin de que se cumplan dichas metas.
Las metas de reducción de materiales para el 2030 serán las siguientes:
- Materiales orgánicos – Reducción de un 60%
- Papel y cartón – Reducción de un 50%
- Plástico y foam – Reducción de un 50%
- Vidrio – Reducción de un 50%
- Metales ferrosos – Reducción de un 40%
- Metales no ferrosos – Reducción de un 60%
- Residuos de construcción y demolición – Reducción de un 50%
- Residuos electrónicos y electrodomésticos – Reducción de un 40%
- Neumáticos – Reducción de un 50%
El proyecto de ley dispone además que los municipios reclutarán un funcionario con preparación académica mínima de bachillerato o su equivalente en experiencia en áreas relacionadas como ciencias, planificación e ingeniería como coordinador de reciclaje a tiempo completo para la implementación de la política pública municipal, y que para ello se deberán realizar procesos abiertos, públicos y competitivos de reclutamiento, y se permitirá que dos o más municipios puedan compartir dicho funcionario.
La medida legislativa pasa ahora a la Cámara de Representantes para su consideración.