La huella jurisprudencial de Hernández Denton

La huella jurisprudencial de Hernández Dentonpor Yarelis Del Carmen Rivera, JD

Hoy, al cumplir sus 70 años, se hace oficial el retiro del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, por disposición constitucional.

Tras 29 años de carrera en el Tribunal, 10 de los cuales fungió como presidente, son múltiples los casos destacados bajo su nombre por tratar controversias que impactaron el Derecho en la Isla.

Recién llegado al Tribunal Supremo (TS) en 1985, el foro resolvió –en Sterzinger v. Ramírez– que un padre que pierde custodia de un hijo luego del divorcio retiene el derecho a mantener relaciones paterno filiales con el menor.

Sólo un año después, en Silva v. Hernández Agosto, el TS decidió que una comisión del Senado no podía excluir a los miembros representantes de una minoría parlamentaria en el comité. Con esto, Hernández Denton permitió que las minorías del Partido Nuevo Progresista (PNP) participaran en la evaluación de los hechos ocurridos en el Cerro Maravilla. Al respecto expresó que, “de nada sirve que a los ciudadanos se les garantice su derecho al voto si luego aquellos que fueron depositarios de la confianza de los electores son excluidos en momentos cruciales del proceso legislativo”.

Otro caso de alto interés fue El Vocero de Puerto Rico v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 1992. Precisamente, durante su mensaje en los actos de despedida para el Juez Presidente, el ex gobernador Rafael Hernández Colón –quien nombró a Hernández Denton al TS– mencionó esta decisión del Tribunal como una de las más sobresalientes en la carrera del Juez.

En dicho caso, el TS determinó que las vistas preliminares son privadas y que, por tanto, se excluyera a la prensa de dicho proceso judicial. Sin embargo, Hernández Denton disintió. Y, posteriormente, el Tribunal Supremo federal revocó la decisión del alto foro de Puerto Rico. Con ello quedó validada la opinión de Hernández Denton.

“La divulgación de lo que ocurre en los procedimientos judiciales permite que el público conozca mejor el trabajo realizado por todos los integrantes del sistema y asegura que los procedimientos sean justos y equitativos. La apertura fortalece la confianza del pueblo en la Rama Judicial y garantiza la pureza de los procedimientos y la legitimidad de nuestras decisiones”, expresó el Juez Presidente entonces.

Por otra parte, en Sánchez, et al. v. Secretario de Justicia, et al. del 2002, Hernández Denton emitió una opinión disidente cuando el TS no permitió que varios demandantes –tanto heterosexuales como homosexuales– impugnaran la constitucionalidad del delito de sodomía porque, según el foro, no había amenaza real de que los reclamantes fueran a ser procesados por la ley.

En ese momento, el Juez sostuvo, “a pesar de la oportunidad histórica que este recurso presenta, la opinión per curiam reduce la controversia a un mero análisis sobre legitimación activa e ignora la verdadera problemática del discrimen por orientación sexual que sufren los peticionarios. (…) Aunque el Tribunal prefiera no abordar por ahora dicha controversia constitucional, antes de lo que espera tendrá que resolver este asunto que causa tanta división en nuestra comunidad”.

Un año después, el Tribunal Supremo federal resolvió igual que Hernández Denton al decidir Lawrence v. Texas.

Otros asuntos resueltos bajo su presidencia han tratado sobre el derecho de acceso a la información pública ante el reclamo de confidencialidad del Estado, la prohibición de la creación de carpetas como sistema de vigilancia y persecución a personas por sus ideologías y la validación de una ley que proveía para la celebración de una segunda sesión extraordinaria anual de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, mientras Hernández Denton fue presidente, el TS resolvió que el derecho a la intimidad de un demandante, tratándose el tema de propia imagen, debía ceder ante la libertad de expresión política de un candidato electoral. La Ley de Control de Acceso también fue validada durante la injerencia del juez saliente, aunque en esa ocasión el Tribunal también estableció los parámetros bajo los cuales se podía intervenir con conductores y peatones.

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