Y si no hay buena fe en la mediación compulsoria, ¿qué?

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) decidió en el caso Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos que la conducta de las partes en un proceso de mediación debe ser de buena fe.

“Así, determinamos que cuando un acreedor hipotecario no provee todas las alternativas disponibles en el mercado, claramente no actúa conforme a la buena fe”, sostuvo el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

¿Cómo surgió la controversia?

El 18 de agosto de 2014, Scotiabank de Puerto Rico presentó una demanda de ejecución de hipoteca y cobro de dinero contra Aixa Rosario Ramos y Christian Castro Rosario, que son madre e hijo y los peticionarios del caso.

Scotiabank alegó que dejaron de pagar el préstamo hipotecario y que les había intentado cobrar lo adeudado en diversas ocasiones y por diversos medios, pero no tuvo éxito en los requerimientos de pago.

Los peticionarios contestaron la demanda y aclararon que aún cuando Castro Rosario figuraba como codueño y codeudor hipotecario, la señora Rosario Ramos era quien había respondido por el pago de la hipoteca y era en realidad la dueña de la propiedad.

Expone que la propiedad en cuestión constituye la vivienda principal de Rosario Ramos y que no quiere “perder su casa, su hogar, que con tanto sacrificio ha logrado adquirir”.

Los peticionarios solicitaron al Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenara a las partes a cumplir con la Ley 184 y ordenase al banco a “buscar alternativas a la ejecución de la hipoteca, de modo que la demandada pueda cumplir con el pago y al mismo tiempo no perder su casa”.

De conformidad con la Ley 184, el foro refirió el caso al Centro de Mediación de Conflictos. Más adelante, la mediadora notificó al tribunal de instancia que ambas partes habían participado en la sesión obligatoria de mediación, pero que el proceso concluyó sin acuerdo.

Para marzo de 2015, Scotiabank pidió al foro de instancia que paralizara los procedimientos por un término de 60 días debido a que las partes habían comenzado un proceso de evaluación de mitigación de pérdidas (loss mitigation). El tribunal de instancia concedió la solicitud. Los peticionarios presentaron una moción solicitando desestimación.

Piden desestimación

Esta vez alegaron que los representantes de Scotiabank incumplieron con la Ley 184, con el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos y con las instrucciones impartidas por la mediadora.

Plantearon que el banco había incumplido con su obligación de negociar de buena fe y hacer todos los esfuerzos a su alcance para ofrecer a los deudores todas las alternativas disponibles para modificar su hipoteca.

Los peticionarios solicitaron como parte de los remedios la desestimación de la demanda.

A su vez, pidieron al tribunal de instancia que ordenara la celebración de una vista para que el banco mostrara causa por la cual no cumplió con la Ley 184 y que ordenara a las partes a someterse nuevamente al proceso de mediación compulsoria, pero “en este caso ordenando al [b]anco a negociar de buena fe, no entorpecer la [m]ediación, ceñirse a las reglas, y ofrecer todas las alternativas viables a la deudora”.

Esta petición de desestimación quedó pendiente hasta que finalizara el proceso en el Departamento de Loss Mitigation de Scotiabank.

Scotiabank presentó una moción de continuación de los procedimientos y una solicitud de sentencia sumaria para julio de 2015.

Alegó que los peticionarios habían rechazado la oferta o alternativa provista por el banco, por lo que solicitó al foro de instancia la continuación de los procedimientos y que declarara “no ha lugar” la moción de desestimación. Solicitó que se dictara sentencia sumaria debido a la ausencia de hechos en controversia.

Los peticionarios contestaron la petición de sentencia sumaria y reiteraron que el banco no había cumplido con el proceso de mediación. Así pues, solicitaron que el tribunal de instancia declarara “no ha lugar” la solicitud de sentencia sumaria del banco.

El demandante reiteró que tanto en el proceso de mediación como en el proceso de mitigación de pérdidas habían ofrecido a los peticionarios las alternativas disponibles de acuerdo con su situación particular, pero éstos las rechazaron.

Ante esto, el foro de instancia emitió una resolución mediante la cual declaró “no ha lugar” la moción de desestimación presentada por los peticionarios.

Expuso que en la moción se habían incluido materias ajenas a las alegaciones de la demanda, así como documentos que no cumplían con la Regla 36 de Procedimiento Civil.

A su vez, el tribunal de instancia expresó que el alegado incumplimiento con el proceso de mediación por parte de Scotiabank no constituía un fundamento para desestimar la demanda.

Por lo que concedió 10 días al banco para que expusiera su posición en cuanto al reclamo de los peticionarios relativo a que Scotiabank no cumplió con “la obligación de participar de buena fe en el proceso de mediación.

Mediante una Resolución el foro de instancia dio por cumplida la orden en cuanto al proceso de mediación y, a su vez, concedió 30 días a los peticionarios para que se expresaran sobre la moción de sentencia sumaria del banco.

Inconformes con la decisión del foro de instancia, en septiembre de 2015 los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y en octubre de ese mismo año Scotiabank presentó su alegato.

El Tribunal de Apelaciones (TA) modificó el dictamen del foro de instancia, únicamente para decir que debió cumplirse con la Regla 36 de Procedimiento Civil sobre sentencia sumaria.

Así modificada, confirmó la decisión en cuanto a que el banco actuó de buena fe, por lo que se cumplió con el proceso de mediación de carácter jurisdiccional de la Ley 184. Ante esto, el Tribunal de Apelaciones ordenó la continuación de los procedimientos ante el tribunal de instancia.

Ante el Tribunal Supremo

Inconformes con la decisión del foro apelativo intermedio los peticionarios presentaron ante el Supremo una Petición de certiorari en la cual esbozaron este señalamiento de error:

La parte peticionaria considera que el Honorable Tribunal de Apelaciones erró al expedir el recurso únicamente a los fines de cumplir con la Regla 36 de Procedimiento Civil y confirmar el resto del dictamen. La parte peticionaria entiende que el Honorable Tribunal también debió expedir el recurso en cuanto al resto del dictamen y es de esa parte de la Sentencia, declarando [c]on [l]ugar la [d]esestimación que la parte peticionaria solicita revisión a este Honorable Tribunal Supremo.

Análisis del Tribunal

El Alto Foro como parte de su análisis repasó la Ley 184 de 2012.

El propósito del estatuto es proteger la residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos de la crisis económica.

Discute entre otras cosas las definiciones de mediación compulsoria establecida en el articulo 2 (b):

(b) Mediación Compulsoria: En los casos en que un acreedor hipotecario pueda iniciar un proceso de ejecución de hipoteca, o el cual pueda culminar en la venta judicial, de una propiedad residencial que constituya una vivienda principal, se celebrará una reunión compulsoria de mediación conducida en una sala o salón del Tribunal o en aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador seleccionen, pero que no podrá ser en las oficinas del acreedor hipotecario o de sus abogados o representantes legales o asesores, y presidida por un mediador seleccionado por las partes, en el curso de un procedimiento de ejecución de hipoteca sumario y/o ordinario. En dicha reunión el acreedor hipotecario notificará al deudor hipotecario todas las alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad residencial que constituya una vivienda principal. El propósito u objetivo será poder llegar a un acuerdo o modificación que permita al deudor hipotecario establecer un acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a las partes y no perder su vivienda principal.

También se analiza el artículo 3, que establece que el tribunal deberá ordenar la celebración de una vista de mediación compulsoria y ello constituye un requisito jurisdiccional.

El tribunal aclara que no es la primera vez que plantea este requisito.

Para ello nos remonta a su determinación en Bco. Santander v. Correa García, en la cual se expresaron diciendo

“[n]uestra interpretación es cónsona con el espíritu de la ley y la intención legislativa de otorgar a los deudores la oportunidad de conocer los remedios que pueden tener disponibles para evitar la pérdida de su hogar”. Así pues, con la vista de mediación el deudor podrá obtener información sobre los remedios que tiene disponibles para evitar la pérdida de su residencia principal y, a su vez, tendrá la oportunidad de sentarse a negociar con su acreedor. Asimismo, añadimos que el requisito jurisdiccional que impone la Ley 184 se refiere a que ocurra un señalamiento o citación para una vista de mediación, pero la extensión de dicho procedimiento y su resultado dependerán de la conducta de las partes”.

El Supremo complementa el análisis repasando el articulo 3 de la misma Ley 184. Este fue enmendado por la Ley 138-2019 a los fines de que el proceso de mediación entre una persona particular y una institución financiera propugna “ayuda[r] a las personas en el conflicto a lograr un acuerdo aceptable para ambos.

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El tribunal repasa dos requisitos importantes

(1) se le informará al deudor hipotecario todas las alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la privación del inmueble al deudor, ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad residencial que constituya una vivienda principal, incluyendo aquellas alternativas que no dependen de la capacidad económica del deudor, como lo son la venta corta (“short sale”), la dación en pago, entrega voluntaria de título, y otros remedios que eviten que el deudor pierda su hogar o que, de perderlo, se minimicen las consecuencias negativas sobre el deudor.

(2) … [o] de no actuar de buena fe en cuanto al ofrecimiento de alternativas disponibles, impidiendo que se alcance un acuerdo viable con el deudor, el Tribunal procederá a desestimar la demanda presentada.

Por último, el Alto Foro destaca su interpretación de la Ley 184, esta vez en cuanto al Articulo 2 (a) al expresar que “el fin principal de la mediación es evitar un pleito”.

Así pues, el Art. 2(a) de la Ley 184 define mediación como “[u]n proceso de intervención, no adjudicativo, en el cual un interventor o una interventora neutral (mediador o mediadora) ayuda o asiste a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les resulte mutuamente aceptable para resolver su controversia”.

Esto, mientras que la Regla 7.01(a) del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, según enmendado, el cual dispone que la mediación “permite a las partes, con la intervención de un facilitador o una facilitadora imparcial denominado(a) mediador(a), explorar todas las opciones posibles para lograr un acuerdo que les sea mutuamente aceptable y que finalice el conflicto”.

Con esto presente, el Tribunal concluye que los peticionarios tienen razón al alegar que Scotiabank no cumplió con el requisito jurisdiccional de actuar conforme a la buena fe durante el proceso de mediación compulsoria, porque no presentó todas las alterativas disponibles en el mercado para que así no perdieran su vivienda principal.

Nos dice el Tribunal “como explicamos, el requisito jurisdiccional ocurre cuando se da un señalamiento o vista de mediación compulsoria. Particularmente, en el caso de epígrafe la vista de mediación ocurrió, pero Scotiabank no actuó de buena fe”.

Por último, alcara que en Puerto Rico, el requisito de buena fe en el proceso de mediación se ha implantado en varias jurisdicciones estatales. De igual forma, el Art. 2 de la Ley 184 establece que el acreedor debe proveer “[t]odas las alternativas disponibles en el mercado durante la vista o acto de mediación”.

Conclusión

Concluye el Supremo explicando que el requisito es cónsono con la definición de buena fe que proveen otras jurisdicciones estatales.

En cuanto al acreedor hipotecario, el artículo 3 de la Ley 38 expresamente impone un deber de actuar de buena fe en cuanto al ofrecimiento de todas las alternativas disponibles en el mercado.

“Por lo tanto, concluimos que el requisito de buena fe es consistente con el requisito jurisdiccional y compulsorio de la Ley 184”, sostuvo el Supremo local.

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