Visiones encontradas en el Proyecto de Retiro Digno

Por María Soledad Dávila Calero

Tras varios días de ponencias relacionadas al Proyecto de la Cámara 120 —mejor conocido como el proyecto de Retiro Digno— llegaron las ponencias y los turnos de las dependencias de la Rama Ejecutiva, en las que señalaron las deficiencias del proyecto por no tener el aval de la Junta de Supervisión y Administración Financiera.

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La autora del proyecto, la representante Lourdes Ramos, defendió la medida como una de consenso al contar con la coautoría de 35 otros representantes, incluyendo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y con el apoyo de 18 organizaciones.

Anticipan que la semana que viene baje al hemiciclo

En cuanto al trámite legislativo, Ramos indicó a Microjuris.com que espera que tan pronto como la semana que viene el Proyecto de la Cámara 120 baje al hemiciclo de la Cámara para votación y aseguró que ya hay organizaciones que están cabildeando en el Senado para que la medida no sufra la misma suerte que durante el cuatrienio anterior.

Durante el cuatrienio pasado, el proyecto, entonces el Proyecto de la Cámara 2434, recibió enmiendas en el Senado y el proyecto no pudo salir de conferencia.

Organizaciones defienden la política pública de la medida

Además de establecer que la Asamblea Legislativa no aprobará leyes que establezcan recortes a los sistemas de retiro como política pública, la medida también busca establecer un rechazo a recortes de los servicios esenciales, así como cambios a los sistemas de retiros del gobierno.

Estos cambios incluyen:

  • revertir el modelo a uno de beneficios definidos
  • moverse del PayGo
  • establecer un fideicomiso que manejará el financiamiento

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Entre los deponentes que endosaron el establecimiento de esta política pública que también incluye establecer una negociación de la T de la deuda que tenga una auditoría y la posibilidad de cancelar algunas emisiones de bonos, están el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y el grupo Construyamos Otro Acuerdo.

“El PC 120 crea la primera política pública del gobierno de Puerto Rico para el proceso de reestructuración de toda deuda pública, que no es otra cosa que las aspiraciones de todo el pueblo puertorriqueño para el futuro de su gente y la prosperidad común”, lee la ponencia de Construyamos Otro Acuerdo.

Por su parte, el CAAPR argumentó que los jubilados tienen un derecho propietario sobre sus pensiones y que este se violó con leyes como la Ley 3 de 2013.

“No podemos perder de perspectiva que los ciudadanos jubilados objeto de este proyecto de ley fueron despojados de sus derechos adquiridos en contravención a lo expuesto en nuestra constitución”, lee la ponencia del CAAPR.

El Colegio de Abogados y Abogadas también endosó la creación del Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro (FACSiR), aunque propusieron una enmienda a la junta directiva, que tanto Ramos como el presidente de la Comisión, el representante Domingo Torres García, vieron con buenos ojos. En medio de la argumentación sobre el fideicomiso, el CAAPR también avaló la posibilidad de descartar bonos emitidos ilegalmente.

“La medida permite, por medio de ley exigible en los foros judiciales, un recorte del 100% de los bonos emitidos ilegalmente y la utilización de esos ahorros para financiar el FACSiR. Se trata de una medida jurídicamente precisa y profundamente justa. La ilegalidad de ciertos bonos no puede premiarse con el pago”, argumentó el Colegio.

Además de las organizaciones, a este proceso de vistas públicas, que comenzó el 4 de febrero, también se presentó el abogado Rolando Emmanuelli, quien representa a los empleados de la Utier en los procesos de reestructuración en la corte de Título III.

Emmanuelli defendió la medida como una que puede ayudar al gobierno a forzar una mejor negociación con la junta fiscal.

Según el abogado, los postulados del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) no son sostenibles y llevarán a Puerto Rico a una segunda quiebra.

No ven viabilidad sin apoyo de la Junta

Si bien la junta fiscal no ha participado de las ponencias, los jefes del Departamento de Hacienda, del Departamento de Justicia y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) aludieron a la carta que Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, le envió al gobernador el 29 de enero de 2021.

En su carta, Jaresko argumenta que los incisos sustanciales no son cónsonos con el plan fiscal y luego de defender las propuestas de la junta, dice que el proyecto no se podría implementar por ir en contra de la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability, mejor conocida como la Ley PROMESA.

“El PC 120 es evidentemente inejecutable ya que es incompatible con PROMESA. Promulgar el PC 120 no logrará nada más que generar litigio para que se declare la nulidad”, lee la carta.

Haciendo referencia a esta postura es que el director ejecutivo de AAFAF, Omar Marrero, indicó que de ser aprobado este proyecto en la legislatura, probablemente sería vetado por el gobernador.

El cuatrienio pasado Marrero había entregado dos páginas de enmiendas que se incorporaron al proyecto.

Pero el director ejecutivo de AAFAF argumentó esta vez que su cambio de postura vino por la decisión en diciembre de la jueza Laura Taylor Swain, en la que determinó que cinco leyes de Puerto Rico violan PROMESA.

En entrevista con Microjuris.com, Ramos hizo énfasis en que la junta fiscal tiene que tomar en consideración a la Asamblea Legislativa para establecer un PAD.

“El plan tiene que pasar por la legislatura porque la Ley Promesa no faculta a la junta a legislar. Si ese plan de ajuste contiene descuentos a los pensionados, la Cámara no lo va a aprobar, ni el gobernador tampoco, y eso lo dijo el gobernador muy claramente”, señaló la representante.

Te podría interesar: Gobernador calificó como factibles los acuerdos en principio de la Junta de Supervisión, pero recordó que no apoyará un plan de ajuste que contenga recortes para las personas pensionadas.

Si bien el director de AAFAF reiteró que la política de la administración de Pierluisi es cero recortes a las pensiones, dijo que está por verse si al PAD se le pueden incluir disposiciones de recortes que no requieran legislación y que sean avaladas por la jueza Swain.

“Como hombres y mujeres de ley y orden acataremos la decisión, no sin antes agotar todas las vías”, aseguró Marrero.

Mientras, Ramos aseguró que “yo voy a llegar hasta el Tribunal Celestial” para que se apruebe esta medida.

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