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Gobernador y Comisionada presentan amicus en caso SSI

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Por Daniel Rivera Vargas

El Partido Nuevo Progresista y su presidente, el gobernador Pedro Pierluisi, comparecieron por escrito como amigos de la corte, a la vez que la comisionada residente, Jenniffer González, también presentó un recurso por separado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), Estados Unidos v. Vaello-Madero.

Estos son dos de 28 recursos que se han presentado en los pasados días por la controversia.

En este caso, José Luis Vaello- Madero recibía el SSI mientras era residente de Nueva York y continuó recibiendolo tras mudarse a Puerto Rico, a pesar de que esa ayuda no está disponible para residentes de la Isla, y cuando el gobierno federal se percata reclama una deuda de cerca de $28,000. El juez de distrito federal Gustavo Gelpí y luego el Primer Circuito de Apelaciones en Boston fallaron en contra del gobierno federal, reconociendo en parte que no procedía el trato diferente a Puerto Rico en este programa, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos acudió en certiorari al supremo federal.

En su escrito, Pierluisi plantea que este caso no trae directamente ante el Supremo el tema del estatus, pero sí está en este caso la naturaleza injusta de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos.

El PNP interviene porque entiende que es correcto que el SSI aplique a residentes de Puerto Rico que lo necesiten, dice el recurso, pero subraya que “la posición política del PNP es que la admisión de Puerto Rico como estado es la única y apropiada cura para todas las injusticias que se derivan de la ciudadanía inconstitucional de segunda clase de Puerto Rico”.

Las personas pobres y con diversidad funcional que reciben el SSI en los estados pueden recibir unos $733 mensuales en esas ayudas, según las cifras citadas por el PNP en su moción, mientras que los de Puerto Rico solo reciben $74 mensuales porque les aplican el programa de Ley de Ancianos, Ciegos y Discapacitados (AABD, por sus siglas en inglés). El PNP y Pierluisi reclaman que hay ciudadanos americanos en Puerto Rico que deciden mudarse a los estados para recibir lo que les corresponde de SSI, y que no les otorgan por la simple razón de estar domiciliados en la Isla.

“Esta discriminación basada en la residencia es inconstitucional”, planteó el gobernador en su escrito.

El escrito del PNP y Pierluisi condena en parte los llamados casos insulares que establecieron para Puerto Rico unos derechos limitados en virtud de ser territorio no incorporado. “La distinción entre territorios incorporados y no incorporados no tiene origen en el texto de la Constitución. En cambio, los Casos Insulares brotaron de una semilla más perniciosa: el prejuicio. La Corte determinó que Puerto Rico, al igual que otros territorios adquiridos de España, estaba «habitado por razas alienígenas, diferenciándose de nosotros en religión, costumbres, leyes». Downes, 182 U.S. at 287 (1901). En palabras de uno de los jueces (juez asociado White), Puerto Rico no era un «país extranjero», pero era “extranjero. . . en un sentido doméstico”.

La clave en el argumento del PNP es que en 1917 los ciudadanos de Puerto Rico obtuvieron la ciudadanía. “Cuando el Congreso confiere la ciudadanía, confiere todos los derechos fundamentales de ciudadanía a todos los ciudadanos. El Congreso no puede elegir. Dicho de manera más simple: la Constitución no reconoce la ciudadanía de segunda clase”, lee el recurso.

Asimismo, el recurso de Pierluisi plantea que el Congreso no puede excluir a los residentes de Puerto Rico de SSI implementando un programa que determina arbitrariamente que los ciudadanos estadounidenses, al elegir residir en la isla, son menos dignos de beneficios que los del continente. Tampoco el Congreso puede arbitrariamente discriminar entre ciudadanos estadounidenses sobre la base de su residencia solo para ahorrar dinero.

Tampoco es excusa, según el escrito de Pierluisi y el PNP, que no se paguen impuestos federales porque, por un lado, eso no es cierto porque para antes del inicio de la recesión en el 2006 se pagaban casi $4,000 millones en impuestos federales desde la Isla, y porque ese tipo de óptica debe activar un escrutinio estricto, lo que es desfavorable para el gobierno federal.

El escrito del gobernador Pierluisi cuenta con la firma de los abogados Carlos J. Sagardía-Abreu, Alejandro Figueroa, Ramón Rosario. Lisa S. Blatt,  Amy Mason Saharia, Michael J. Mestitz y Elizabeth A. Wilson.

Por su parte, la comisionada residente, en recurso presentado por la abogada Verónica Ferraiuoli Hornedo, sometió su escrito para proporcionar una perspectiva adicional sobre lo que describe como “las injusticias económicas creadas por el déficit democrático que resulta de la condición territorial, y que perpetúan el trato discriminatorio de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico».

Según la comisionada, el programa ha ayudado a reducir el nivel de pobreza federal de 63% a 42%, esto en el 2013, con un máximo de $794 mensuales por personal soltera y $1,191 por matrimonio, pero un promedio de $586 por adulto y de $693 para menores de 18.

No solo eso, sino que datos de la Oficina de Contabilidad del Gobierno federal indican que para el 2011, Puerto Rico dejó de recibir hasta $1,800 millones por no tener SSI, y que ese programa ayudaría más de 300,000 personas, cifra estimada en 2020 por el Seguro Social en $22 billones, mientras que el actual AABD solo es recibido por unas 34,000.

El recurso como amiga de la corte de la comisionada detalla cómo opera el SSI y su importancia para sectores como menores con discapacidades, y lo compara con la poca ayuda que recibe esa comunidad en la Isla.

“El SSI es la única fuente de apoyo federal a los ingresos dirigido a familias que cuidan a niños con discapacidades, y llega solo a los más bajos ingresos familias y niños con discapacidades más graves. A partir de diciembre de 2019, SSI atendió a 1.2 millones de niños con discapacidades, cerca del 14% de la totalidad de los recipientes de SSI”, reza el recurso.

“De todas las disparidades en las que viven los estadounidenses Puerto Rico se enfrenta, ninguno es tan impactante para la conciencia como la disparidad en la asistencia disponible para la mayoría vulnerable de nuestros ciudadanos. Un ciudadano estadounidense que vive bajo el nivel de pobreza en los 50 estados, el Distrito de Colombia, o el territorio de la CNMI no es más necesitado, vulnerable o merecedor de asistencia que un Ciudadano estadounidense que vive por debajo del nivel de pobreza en la Isla”, concluye el recurso de la comisionada.

Descarga el recurso de la comisionada.

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