Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico NOTICIAS

Guías de pensiones alimentarias no pueden usarse para determinar división de inmuebles tras divorcio

El Tribunal Supremo de Puerto Rico lo determinó de forma unánime.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó, de forma unánime, que las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias no deben ser usadas para determinar la proporción en que debe dividirse y adjudicarse el producto de la venta del inmueble luego de disuelta la sociedad legal de ganancias.

En este caso, el matrimonio compuesto por el señor Díaz y la señora García, que se disolvió por la causal de consentimiento mutuo, incorporaron en la sentencia de divorcio una serie de estipulaciones con relación a la pensión alimentaria a favor de las dos hijas menores de edad, así como sobre los bienes y las deudas gananciales.

Lee aquí la opinión mayoritaria

Durante el proceso de divorcio, las partes liquidaron todos sus bienes con excepción de la vivienda familiar, puesto que habían acordado permanecer en comunidad con respecto al inmueble hasta que sus hijas advinieran en mayoría de edad.

Acordaron, que una vez la menor de las hijas adquiera la mayoría de edad, venderían el inmueble y distribuirían la ganancia obtenida, si alguna entre sí, luego de descontar las aportaciones a pensión alimenticia.

La vivienda había sido hipotecada por la cantidad $64,000.00 previo al divorcio. Sin embargo, al disolverse el matrimonio quedaba pendiente un balance de $59,608.00 con un pago mensual de $553.00. Conforme a lo estipulado por las partes, el pago de $453.00 por concepto de la pensión alimentaria, correspondiente a la exclusiva obligación del señor Díaz, se dirigiría al préstamo hipotecario. Además, proveería $100.00 adicionales para completar el mismo. Trece años y medio después de decretado el divorcio, la propiedad fue saldada y su valor conforme a una tasación reciente es de $70,000.00. Por lo tanto, el inmueble tuvo un aumento de valor de $6,000.00.

El Tribunal de Primera Instancia le adjudicó al señor Díaz una participación de $30,869.00 y a la señora García de $39,131.00. Para este resultado consideró el crédito de $100.00 mensuales para un total de $16,200.00 reconocido por las partes a favor del señor Díaz. En cuanto al pago restante de la hipoteca por la suma de $453.00 dividió está cantidad entre los tres ocupantes de la vivienda utilizando las Guías Mandatorias. De esta forma concluyó que $151.00 mensuales (para un total de $24,462.00) correspondían ser bonificados a la mensualidad que aportaba la señora García en cuanto a sí misma, ya que la aportación en cuanto a sus dos hijas correspondía a ambas partes. Luego de los respectivos créditos, el tribunal dividió en partes iguales los restantes $29,338.00, otorgándole a cada uno una participación de $14,669.00.

Inconforme, la señora García acudió ante el Tribunal de Apelaciones, quien no acogió el recurso.

El Tribunal Supremo determinó que el acuerdo entre las partes establecía que debía descontarse la cantidad provista por pensión alimentaria de $453 mensuales, que habían reconocido un crédito por $100 mensuales a favor del señor Díaz por los pagos hipotecarios realizados conforme a la estipulación. “Por lo tanto, corresponde al recurrido la mitad de lo aportado por la sociedad legal de gananciales al principal del préstamo hipotecario antes del divorcio, lo que su aportación de $100.00 mensuales contribuyó al principal del préstamo hipotecario luego de decretado el divorcio, así como, una participación proporcional en el aumento de valor de $6,000.00”, explica la opinión mayoritaria escrita por la jueza Mildred Pabón Charneco.

En cuanto a la señora García, “no procede utilizar métodos externos al acuerdo para descontar aportaciones a la pensión alimentaria de la peticionaria ni para “acreditarle aportaciones” a la hipoteca como parte de una obligación alimentaria que no fue incorporada al acuerdo y tampoco se deduce del mismo”, sostuvo la jueza.

“Enfatizamos que las Guías están diseñadas solamente para determinar la obligación de los alimentantes para con los menores. Del derecho expuesto únicamente podemos concluir que el acuerdo no era perjudicial para las menores y que tampoco fue producto de la irreflexión o de la coacción de alguna de las partes”, detalló Pabón Charneco.

“Por lo tanto, resulta irrazonable y contrario a derecho la aplicación de las Guías para calcular un crédito a favor de la peticionaria en cuanto al pago hipotecario”, concluyó.

El Supremo revocó el dictamen de Instancia y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto.

La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, y los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez concurrieron.

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