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Solicita que aprueben resolución para pedir al American Bar Association una moratoria de 6 años

Para cumplir con el Estándar de Acreditación 316.

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La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), la licenciada Daisy Calcaño López, le solicita a la Cámara de Representantes le de paso a una Resolución Concurrente  que propone solicitarle al American Bar Association una moratoria de 6 años para cumplir con el Estándar de Acreditación 316.

La Resolución Concurrente de la Cámara (de Representantes) número 55  fue radicada por los representantes Hernández Montañez y Varela Fernández, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, el 23 de junio por petición de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Lee la resolución aquí

 “Esta Resolución, en su exposición de motivos, recoge  la  urgencia  y necesidad de la moratoria.  La pérdida de la acreditación es un asunto muy serio, porque afectará negativamente el acceso a  préstamos estudiantiles, así como poder tomar la reválida federal o ejercer en otras jurisdicciones”, reaccionó la líder del gremio.

El propósito de la  resolución es solicitarle…” al American Bar Association que exima, por un término de seis (6) años, a la tres (3) escuelas de derecho del país del cumplimiento con los requisitos del Estándar de Acreditación 316. Ello permitirá y promoverá un proceso inclusivo, participativo y transparente entre las escuelas de derecho, el Poder Judicial y su Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, los estudiantes, la comunidad jurídica, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el que se logre una reforma efectiva del proceso de examen de reválida, que convierta el mismo en uno que refleje de manera justa y adecuada el conocimiento, el esfuerzo y la capacidad de nuestros aspirantes a miembros de la excelsa profesión legal.” 

Calcaño López puso particular preocupación por aquellos estudiantes de  escasos recursos, los cuales estarían a riesgo de no poder sufragar sus  gastos  de estudios.   “Solo  podrán estudiar  aquellos y aquellas que tengan los recursos económicos.  Ello, quebrando  metas académicas y profesionales  de  cientos de estudiantes  de clases menos privilegiadas y afectándose  el acceso a la  justicia.”

Nuestra urgente solicitud  a la Cámara de Representantes es que esta  resolución sea aprobada  antes de finalizar  esta sesión, por tratarse del más alto interés público y social, concluyó Calcaño López.