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Primer Circuito critica sentencia de jueza federal a expolicía convicto por crimen organizado

En opinión emitida la pasada semana.

Por Daniel Rivera Vargas

Un expolicía que se declaró culpable de ser parte de una pandilla que hurtaba dinero y posesiones a personas en detenciones de tránsito y en operativos contra el narcotráfico podría ver una reducción en su sentencia por la forma en que el juez de distrito emitió su sentencia, determinó el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

El acusado Luis Rivera Ruiz era, según la opinión de 26 páginas del Primer Circuito emitida la semana pasada, parte de un grupo de siete policías de la División Antidrogas de la Policía en Caguas.

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En el 2018, fueron acusados en un pliego acusatorio criminal de 24 cargos relacionados con crimen organizado bajo la Ley federal contra Crimen Organizado (RICO Act). Enumeraban unos 20 actos diferentes en los que los imputados cometieron conspiración, extorsión, y delitos relacionados a trasiego de drogas, en los que incluso falsificaban declaraciones juradas.

Rivera Ruiz, quien también había obtenido en su carrera de 25 años en la Policía reconocimientos como agente del año y medalla al valor, llegó a un acuerdo y en marzo de 2019 se declaró culpable por un cargo de RICO Act.  Como parte de una negociación, la fiscalía federal y la defensa en conjunto solicitaban al juez, quien no esta obligado por esos acuerdos, a que la sentencia oscila entre 27 y 33 meses de cárcel, o poco más de dos años en prisión. El informe presentencia del oficial probatoria coincidía con el acuerdo.

Sin embargo, el informe presentencia también indicaba que Rivera Ruiz tenía en sus antecedentes 10 querellas administrativas en la Policía, ocho de las cuales era por «circunstancias… desconocidas» y en otra se le suspendió cinco meses por actos relacionados a un allanamiento que se entendió era «mal uso o abuso de autoridad». Asimismo, en la vista de sentencia, la fiscalía federal argumentó que Rivera Ruiz tenía a traficantes del área como su cajero automático personal y aseguraron que tenían a un testigo que declararía que el exagente cometió numerosos robos.

Entonces, la jueza del caso, Aida Delgado Colón, dijo que el acuerdo y el informe presentencia con hasta 33 meses de cárcel solo consideraba parcialmente la naturaleza de los actos de Rivera Ruiz, y que no era adecuada, e incluso alude a las sanciones administrativas.

«El tribunal (de distrito) encontró que al ‘mentir descaradamente a jueces que emitían las órdenes de allanamiento’, al someter informes falsos, los actos representaban ‘una burla al sistema judicial’ y desacreditaban a la Policía de Puerto Rico», agregó.

El acusado apela al Primer Circuito levantando varios argumentos, y el foro apelativo le dio la razón con relación a la consideración de la jueza sobre las querellas administrativas.

«Luego de cuidadosa evaluación, coincidimos con Rivera que el récord no apoya suficientemente el ejercicio de discreción de la jueza…», resolvió el panel apelativo.

El Primer Circuito indica que hay precedentes del circuito de que al momento de sentenciar se puede usar arrestos previos o cargos que no hayan sido probados si hay preponderancia de la prueba sobre estas alegaciones. La mayoría de las querellas en este caso no proveen información y solo se describe como que se desconocen las circunstancias.

Asimismo, el foro apelativo resalta que la jueza se expresa en la sentencia sobre “múltiples querellas administrativas”, y que lo hizo de manera que no es una simple referencia, incluso comparando el RICO Act imputado con las querellas. La jueza cometió lo que llama el Primer Circuito como un error que «no es inofensivo» y expresa que en todo caso el tribunal de distrito debió «articular específicamente sus razones» para distanciarse del informe presentencia.

«Una variación sustancial -como esta sentencia de 60 meses, que es doble de la mitad de lo que proponía el informe presentencia,- debía estar apoyada por una explicación extensa», por parte de la jueza, según el Primer Circuito.