El anuncio hoy, lunes, por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos de que no acogerá el certiorari donde se pedía revocar la doctrina de los Casos Insulares, mantiene en vigencia un estado de derecho discriminatorio, según uno de los demandantes del caso y uno de sus abogados.
Supremo federal no intervendrá en el caso Fitisemanu v. Estados Unidos
“Es un golpe al estómago que los jueces hayan mantenido vigente una determinación de que no soy igual de americano que otros, sencillamente porque nací en un territorio. Nací en suelo americano, tengo pasaporte estadounidense y pago impuestos como cualquiera. Pero por una ley federal discriminatoria, no se me reconoce como ciudadano de Estados Unidos. Como resultado no puedo votar en elecciones locales, y menos por el presidente. Esto no es americano y no es cónsono con los principios democráticos y constitucionales americanos”, dijo John Fitisemanu, el principal demandante en el caso.
Este caso llega ante la consideración del Supremo poco después del caso Vaello Madero, en el que dos jueces del Supremo federal, Neil Gorsuch y Sonia Sotomayor, criticaron la doctrina de Casos Insulares, la serie de casos de principios del siglo pasado, donde se legalizaba un trato diferente a los residentes de territorios por encima de los residentes de los estados, esto con diversas expresiones de contenido racista.
Sin embargo, los jueces del actual Supremo discutieron los pormenores del certiorari de Fitisemanu el pasado viernes, y hoy se supo que el alto foro declinó evaluar en los méritos el caso.
“Yo esperaba escuchar hoy que tendré mi día ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero en vez de esto, los jueces continúan evitando contestar preguntas básicas sobre qué derechos pueden esperar, las personas de los territorios de Estados Unidos pueden esperar. Las personas de los territorios merecían más de esta corte y más de su nación”, agregó Fitisemanu.
Mientras, uno de los abogados del caso ante el Supremo, Neil Weare, dijo que los jueces del Supremo optan ahora por el silencio cuando en años recientes han tomado varias decisiones que son nocivas para los residentes de los territorios estadounidenses.
“La inacción de hoy de los jueces del Supremo subraya el hecho de que Estados Unidos tiene un problema colonial. Y además, nuestro país obstinadamente se niega a reconocer que este problema existe, y mucho menos hacer algo con ello. La población de los cinco territorios (unas 3.6 millones de personas) es igual a cinco estados pequeños, pero los residentes de los territorios -98% de ellos personas de color-, no pueden votar por el presidente, no tienen representación del Congreso y sistemáticamente se les niega el derecho a la autodeterminación”, agrego Weare.
El abogado planteó que la decisión en Fitisemanu “es un tropiezo, sin duda, (pero) la lucha para asegurar que no haya ciudadanos de segunda clase o colonias en Estados Unidos va a continuar”.
«El Tribunal Supremo de los Estados Unidos nuevamente ha dejado sin resolver si las personas nacidas en Samoa Estadounidense son ciudadanos estadounidenses, lo cual es un perjuicio tanto para quienes quieren el reconocimiento del derecho a la ciudadanía como para quienes se oponen. Sigo estando de acuerdo con lo que nuestros líderes tradicionales sabían que era verdad: que cuando nuestro pueblo transfirió la soberanía a los Estados Unidos, tenían derecho a ser reconocidos como ciudadanos plenos e iguales», dijo Charles V. Ala’ilima, abogado del caso Fitisemanu v. Estados Unidos.
Contrario a los residentes de Puerto Rico, las personas que nacen en Samoa Estadounidense no tienen la ciudadanía americana. Ala’ilima explica que él piensa como «nuestros líderes tradicionales» de que en el momento en que desde que los residentes de esas islas le entregaron su soberanía a Estados Unidos, estos tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos de forma plena.
Destacó, además, que la decisión del Supremo federal provoca incertidumbre sobre cómo se aplicaría la Constitución de EE.UU. en los territorios
«Yo personalmente creo que la Constitución de Estados Unidos es suficientemente amplia para permitir que nuestras tradiciones y costumbres continúen. No, le hace favor alguno que el Supremo de Estados Unidos mantenga a los residentes de los territorios preguntándose cuáles son sus derechos y que es permisible bajo la bandera de Estados Unidos», sostuvo el abogado.
