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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene ante sí un caso, en el cual un sujeto fue arrestando en Loíza en medio de una intervención policiaca, que cuestiona si una persona puede «voluntariamente» revelar contrabando si esto ocurre como parte de un allanamiento ilegal por parte de la Policía.
Luis Miguel Sierra v. United States acudió mediante «certiorari» ante el Tribunal federal con el propósito de revocar una decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston. Sobre este tema hay decisiones contradictorias de diversos circuitos apelativos. Por el momento, el alto foro federal no se ha expresado, según los abogados del acusado de la oficina del defensor público federal en Puerto Rico.
Sobre el caso
Según el resumen de hechos de Boston, reseñada por Microjuris el verano pasado, Luis Miguel Sierra Ayala se encontraba parado cerca de la residencia de sus padres en Loíza con un bolso negro en las manos.
En ese momento, un grupo de agentes de la Uniformada pasó cerca de él, en medio de una intervención contra otras personas. Uno de los policías decidió intervenir con Sierra Ayala, y solicitarle que le enseñara el interior de su bolso, el cual contenía cocaína.
Tras el policía hallar la droga, y un arma que luego se le encontró al sujeto, Sierra Ayala fue arrestado y acusado a nivel federal por cargos de sustancias controladas.
Boston evaluó alegato de doctrina de “fruto del árbol ponzoñoso” tras arresto en Loíza
Argumentos en el caso
Sierra Ayala argumentó que en este caso aplicaba la doctrina de fruto del árbol ponzoñoso, y que la denuncia se debía desestimar. La postura del acusado es que él inocente, y que la droga no era de él, sino de un primo.
De igual forma, en el escrito de 31 páginas con la firma de los abogados Kevin E. Lerman, Franco L. Pérez Redondo y el saliente director de la oficina del defensor Eric Vos, al sujeto se le violaron los derechos constitucionales al amparo de la Cuarta Enmienda de la Constitución federal, que protege contra allanamientos ilegales, y que se debe suprimir la evidencia ocupada en el allanamiento ilegal, esto a la luz de conducta indebida de la Policía.
«Un oficial de la Policía no puede tocar el cuerpo o las posesiones de una persona sin consentimiento o base legalmente suficiente. Del mismo modo, un oficial no puede forzarse a sí mismo en el espacio personal privado de una persona, impidiendo su libertad para salir sin justificación», sostiene el imputado.
Protección de allanamientos irrazonables
La solicitud de «certiorari» plantea que en aras de la protección de allanamientos irrazonables en ocasiones se excluye evidencia obtenida por conducta inconstitucional de un agente del orden público, y se alega en el caso que eso debería ocurrir porque el sargento que encabezó el allanamiento en el que detienen a Sierra Ayala actuó en contra de la ley y los derechos del ciudadano.
Hechos del caso
En enero de 2017 el sargento identificado como López Maysonet estaba a cargo de un operativo de vigilancia en la calle Melilla de Loíza, un área de alta incidencia delictiva y decide intervenir en una esquina, donde ve a siete a ocho personas con las carteras conocidas como «fanny pack», y que se suelen usar para contrabando.
Sin embargo, subraya el «certiorari», el agente no ve que se cometa ningún crimen. Aun así, ante las sospechas que tenía, el sargento decide intervenir. Todas las personas que estaban en el lugar salieron huyendo, menos el acusado Sierra Ayala, que permanece sentado.
El sargento le dice: «muéstranos el contenido de la bolsa». Y ahí, en el bolso que el acusado dice que en realidad le estaba aguantando a un primo, apareció la droga. Luego le encontraron un arma a Sierra Ayala en el cuerpo.
A nivel de distrito, a pesar de la orden del sargento, se resolvió que el acusado «voluntariamente» entregó el bulto.
«El tribunal de distrito llegó a una visión final de que hubo una interacción amigable entre el ciudadano y el policía», es como caracteriza la decisión el escrito de certiorari. El Tribunal de Apelaciones de Boston confirmó posteriormente.
La defensa del acusado cuestionó la actuación de la policía y entiende que el caso es una buena oportunidad de aclarar esta área del derecho.
«López Maysonet y su escuadrón trajeron una ‘presencia policiaca pesada y con rapidez’ de persecución que restringió el libre ejercicio de la libertad individual. Las acciones del escuadrón de policía no se atenúan aquí por buena fe o acciones que no son intencionales.. El abandono del plan operativo (exigido como parte del caso de la reforma federal de la policía de Puerto Rico) quedó sin explicación. Y mientras su escuadrón perseguía a otros, López Maysonet persiguió al peticionario sin sospecha razonable de un crimen».
El ejercicio del «impresionante poder del estado» convierte la decisión de permitir examinar el bolso como «altamente sospechosa», concluye el argumento del acusado en este caso ante el Supremo federal, que solo atiende cerca del 1% de los certioraris que llega ante su consideración.
