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La Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico y otras 18 gasolineras en su carácter individual demandaron en el Tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico al gobierno por prohibirles ofrecer descuentos a consumidores que estén dispuestos a pagar en efectivo.
El recurso solicita un interdicto que prohíba al gobierno cumplir con la Ley 150 de 2008, enmendado por la 152 de 2013.
En el planteamiento ante el foro federal se alega que estas leyes son contrarias a la ley federal el «Cash Discount ACT, codificada en el 15 USC 1666f, y a la enmienda Durbin del Dodd Frank Act, el 15 USC 1693º-2» .
Los demandantes alegan que cada vez que alguien usa una tarjeta para pagar en las gasolineras, eso les cuesta entre el 2% a 3% de la transacción total, y que este porcentaje es el cuarto mayor gasto en sus negocios.
Según la demanda, Puerto Rico tenía una ley que permitía ofrecer descuentos si se pagaba en efectivo, pero esta fue derogada mediante la Ley 152 de 2013.
Poco después, se aprobó en el 2014 a nivel federal el uso de descuentos para incentivar el pago en efectivo.
Se trata del tercer intento en los tribunales de los dueños de gasolineras en contra de esta ley.
Hubo un primer intento en el tribunal federal, pero el juez original del caso, Daniel R. Domínguez, resolvió que debía abstenerse y que era un asunto que primero debía atenderse en el foro estatal.
Luego se acudió al tribunal estatal y los tribunales locales denegaron el recurso, en un resultado que el juez apelativo disidente en su panel, Roberto Rodríguez Casillas, dijo que era problemática porque no se consideraba la existencia de la ley federal que permite el descuento en pagos en efectivo.
En la demanda federal se incluyen como demandados a «la mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico», que le fallaron en contra.
«Como resultado de esto, Puerto Rico es ahora la única jurisdicción en los Estados Unidos en que el uso de descuentos como incentivo para pagar en efectivo está prohibido», reza la demanda.
En la demanda se pide la imposición del interdicto en contra de la Ley 52 de 2013, una sentencia declaratoria de que se pueden ofrecer los descuentos en efectivo en virtud de una ley federal y que se paguen los gastos legales de los demandantes en el pleito.
