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La jueza presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, hizo un llamado a Cámara de Representantes para que considere antes del cierre de sesión el Proyecto del Senado 1292, que viabilizaría aumentar el salario de nuestra judicatura.
«Le hago un llamado al Presidente de la Cámara de Representantes para que reconsidere su postura y le dé paso a la consideración de esta medida antes de que culmine esta sesión, evaluando la medida por sus propios méritos y no sujetándola a condiciones ajenas a la independencia judicial. Tras 20 años sin recibir un aumento, los profesionales que integran la judicatura merecen que sus salarios sean objeto de revisión a la luz de los criterios objetivos utilizados para mejorar su competitividad a nivel de mercado».
El proyecto propone aumentarle el salario al presidente o presidenta del Tribunal Supremo a $154,556. Actualmente, el salario del cargo de la presidencia del Supremo es de $125,000. Por lo que, significa un aumento de $29,556.
Mientras, el sueldo anual de los jueces y juezas asociadas del Tribunal Supremo sería de $144,480.
«Agradezco a los legisladores y las legisladoras que sí tuvieron apertura para discutir el tema en beneficio de nuestros togados y del sistema de justicia, a aquellos que lo aprobaron en el Senado y a aquellos que manifestaron que están preparados para votar a favor de la medida en la Cámara de Representantes».
Por otra parte, un juez o jueza del Tribunal de Apelaciones ganaría anualmente $130,579 y en el Tribunal de Primera Instancia devengarían $118,133.
Los jueces y juezas de los Tribunales Municipales ganarían $91,764.
«Hablo en nombre de todos los jueces y las juezas del Poder Judicial puertorriqueño al expresar nuestra profunda decepción e indignación. No existe impedimento para que la Cámara de Representantes considere en este momento el proyecto, el cual cuenta con fondos asignados, ya fue aprobado por el Senado de Puerto Rico y sobre el cual el Gobernador de Puerto Rico manifestó que convertiría en ley».
«Seguiré abogando para que tanto a los jueces y las juezas, así como al funcionariado, se les compense adecuadamente a tenor con la labor fundamental que realizan a diario en beneficio de las personas que acuden a los tribunales y de la estabilidad de nuestra democracia».
