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Un proyecto de ley tripartita que está a la consideración de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a partir del 8 de enero de 2023 cuando comience la séptima y última sesión ordinaria para este cuatrienio.
La medida propone crea la Ley de Vacunación de Estudiantes con el fin de disponer que la población estudiantil de 5 a 18 años de edad de los sistemas educativos público y privado ha de estar vacunada para prevenir enfermedades. Además, establece excepciones a la vacunación, y protecciones de los derechos constitucionales, derechos parentales y de libertad religiosa de los ciudadanos.
El Proyecto de la Cámara 1948, que cuenta con la autoría de las representantes Sol Y. Higgins Cuadrado y Lydia R. Méndez Silva, y del representante José A. Rivera Segarra del Partido Popular Democrático (PPD), del representante Carlos J. Méndez Núñez por el Partido Nuevo Progresista (PNP), y a Lisie J. Burgos Muñiz del Partido Proyecto Dignidad (PD), deroga a su vez la Ley de Inmunización de Estudiantes.
Puede acceder al proyecto aquí
Según se desprende de la exposición de motivos, la tasa de vacunación en el país históricamente ha fluctuado sobre el 90%, siendo Puerto Rico una de las jurisdicciones con mayor nivel de vacunación. Sin embargo, señala que desde que se creó la Ley 25-1983 según enmendada, conocida como Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-escolares y Estudiantes de Puerto Rico, que tiene 40 años de legislada, la misma no ha sido atemperada con la National Childhood Vaccine Injury Act del 1986, también conocida como el National Vaccine Act.
Esta ley federal creó un sistema de «no fault» al momento de atender los casos de individuos que hayan sufrido reacciones adversas o muerte a consecuencia de la vacunación. Además, recoge los principios del consentimiento informado y, exige la divulgación y explicación detallada de estos productos, su propósito, contraindicaciones y el deber de las personas y los profesionales de salud de reportar las reacciones adversas al «Vaccine Event Reporting System» (VAERS por sus siglas en inglés). D eigual forma, dispone el deber de orientar a los padres, tutores o encargados de los derechos y procesos para poder reclamar una compensación de existir una condición.
El proyecto además, sostiene que un sector del país reclama que la ley actual incide adversamente en los derechos constitucionales y libertades fundamentales de las familias que tienen niños(as) en edad escolar. Esto, ya que la ley establece que ningún estudiante podrá ser admitido(a) o matriculado(a) en una escuela o Centro de Tratamiento Social, si no están debidamente inmunizados(as) contra aquellas enfermedades desglosadas por el(la) Secretario(a) de Salud mediante publicación anual, y ordena que cada director(a) deberá requerir del (de la) estudiante o niño preescolar, o del padre, madre o tutor(a) legal el certificado de inmunización para poder ser aceptado(a).
De igual manera, los autores de la medida sostienen que la ley actual no dispuso de un proceso específico de como establecer el protocolo de vacunación compulsoria que asegure la participación ciudadana y de diversos sectores del país que se ven afectados o que pueden aportar a la discusión y análisis.
Destacan también que no fue hasta el 29 de junio de 2023, luego de 40 años de la vigencia de laey actual, que se promulgó el Reglamento para la Inmunización Compulsoria de Niños en Edad Prescolar y Estudiantes en Puerto Rico, Reglamento 9474. Aseguran que este relamento omite de igual forma un proceso de participación ciudadana para estudiar y establecer el protocolo de vacunas y los criterios para eliminar del protocolo aquellas, que aunque puedan ser recomendadas, no son indispensables o necesarias en el ambiente escolar, como pudiese ser la vacuna del «Human Papiloma Virus» cuyo vía de contagio principal es por contacto sexual.
En este contexto, el proyecto de ley propone derogar la Ley 25-1983 con el propósito de establecer que sea el padre, madre o tutor(a) legal quien tenga el derecho fundamental de tomar las decisiones de salud de sus hijos(as) menores. De igual forma, pretende brindar consentimiento informado y dotar de información a las personas con la intención de vacunarse, sobre cuáles son los beneficios, los posibles efectos secundarios y efectos adversos a corto, mediano y largo plazo asociados a la vacunación, para que los padres, madres y tutores(as) legales puedan tomar una decisión informada, educada y consentida sobre la seguridad de la vacunación.
La medida fue referida a la Comisión de Salud de la Cámara.