Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó ayer de forma unánime, nuevas enmiendas a la Ley la Ley 281-2003, conocida como Ley para la Administración del Servicio del Jurado.
El Proyecto de la Cámara 1310 propone que las personas que laboran como médicas, enfermeras y las maestras de los sistemas de enseñanza público o privado, queden exentos de servir como jurado.
Lee la medida aquí.
Según indica la exposición de motivos, posterior a la creación de la Ley para la Administración del Servicio de Jurado en el cual se amplió el universo de personas elegibles para ser jurado, hubo constancia por parte de la Asamblea Legislativa de que la aprobación de dicha ley generó serios problemas en el proceso de selección para ejercer dicha labor.
Se señala en el proyecto que debe tomarse en consideración la situación de un sector de la población apta para ser jurado que, por su naturaleza y por el oficio que ejercen, debieran de ser eximidas de brindar su tiempo como juzgador de hechos.
Según la pieza legislativa, que fue presentada por el representante José M. Varela Fernández, y por el exlegislador Orlando Aponte Rosario, quien renunció a su escaño durante el mes de julio pasado, ese es el caso con las personas profesionales de la medicina, la enfermería y el magisterio a nivel público y privado del país.
Explica la medida que, estas tres disciplinas, al tener a su cargo el cumplimiento de intereses tan apremiantes como lo son la salud y la educación, cuentan con una abrumadora carga de trabajo en donde aparte se les exige una cantidad considerable de horas/crédito en mejoramiento profesional, por lo que imponerle la obligación de ser jurado a estos profesionales impacta severamente tanto a pacientes como estudiantes
La propuesta legislativa también fundamenta la necesidad de eximir a las personas profesionales de medicina, enfermería y el magisterio por la situación de emigración en el país, para evitar abonar a la escasez de estos profesionales.
La medida pasará ahora al Senado de Puerto Rico para su consideración.
