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Con el objetivo de lograr completar el ciclo de rehabilitación con la reinserción efectiva a la sociedad, la Legislatura tendrá ante su consideración un proyecto de ley con el propósito de establecer parámetros claros que dirijan los procesos de evaluación de personas con antecedentes penales en la otorgación de licencias ocupacionales por parte de las Juntas Examinadoras.
La senadora Joanne Rodríguez Veve presentó el Proyecto del Senado 1429, para otorgar la oportunidad de conocer, en cualquier momento, incluso antes de invertir en la educación y la formación necesarias, si sus antecedentes penales le inhabilitan para obtener la licencia.
Busca, de igual forma, imponer al gobierno la carga de demostrar que una persona debe ser excluida de una ocupación para proteger la salud y la seguridad pública, en lugar de exigir a los exdelincuentes que demuestren por qué no deben ser excluidos.
De acuerdo al texto del proyecto de ley, la Junta Examinadora solo podrá denegar, suspender, revocar o negarse a renovar una licencia ocupacional solicitada por una persona con antecedentes penales cuando los antecedentes penales del solicitante están directa y específicamente relacionados con los deberes y responsabilidades de la ocupación a la cual se aspira.
Según el Institute for Justice, en su estudio publicado en agosto del 2020 «Barred from Working: A Nationwide Study of Occupational Licensing Barrier for Ex-Offenders», 21 estados y Washington D.C., una persona con antecedentes penales puede peticionar una licencia ocupacional en cualquier momento, incluyendo antes de matricularse en cualquier adiestramiento obligatorio, para determinar si sus antecedentes lo inhabilitarían para obtener su licencia.
«La oportunidad de ganarse la vida es indispensable para la rehabilitación de cualquier ciudadano que haya cometido delito».
«Sin embargo, en Puerto Rico la mayoría de las distintas Juntas Examinadoras creadas por ley para regular los procesos de otorgación y renovación de licencias ocupacionales incluyen en sus leyes habilitadoras o reglamentos, prohibiciones relacionadas a la otorgación y renovación de licencias por razón de tener antecedentes penales».
El documento resalta que los estados con las cargas más onerosas sobre las licencias ocupacionales presenciaron un aumento de 9% en reincidencia criminal, comparado con un promedio de 2.6% entre 1997 y 2007.
«Además, privar de licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales les impide a muchos tener la capacidad de crear sus propias empresas dentro de un sector autorizado, lo que ahoga el espíritu empresarial y la creación de nuevas empresas».
«En efecto, a las personas con antecedentes penales no tan sólo se les priva de la oportunidad de ser contratados como empleados, sino que, a su vez, no se les permite ser sus propios patronos, impidiéndoseles ejercer algún oficio que requiera una licencia ocupacional para llevarlo a cabo».
Desde el 2015, 40 Estados y Washington D.C. han flexibilizado o eliminado en su totalidad las barreras para la concesión de licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales.