El ABC del veto

La palabra vetar viene de la palabra en latín “vetare”, que en castellano significa “prohibir”. De la misma se deriva veto, veda y vedar. El Artículo III §19 de la Constitución de Puerto Rico establece el mecanismo por el cual se aprueban las leyes en nuestro ordenamiento. Mediante el mismo, la Asamblea Constituyente diseñó un sistema similar al federal (salvo ciertos detalles) por cuanto la Rama Legislativa y la Ejecutiva comparten el poder de hacer las leyes en el diseño constitucional de sistema de contrapesos. Dicha sección establece que cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se presentará al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma. Otra prerrogativa del Gobernador es devolver el proyecto con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (sin contar domingos), contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido. De igual forma, el Artículo IV § 4 de la Constitución de Puerto Rico establece que el Gobernador puede “[s]ancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa”.

Una vez los cuerpos legislativos aprueben una medida ante su consideración, de ordinario se ordena que el texto de aprobación final sea enrolado para la firma por parte de los respectivos presidentes de los cuerpos legislativos. Esto es un mecanismo de autenticación de la medida aprobada, el cual se debe realizar antes de presentar el proyecto de ley a la consideración del Gobernador. En Acevedo Vilá v. Aponte Hernández 168 DPR 443(2006), el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un recurso de Mandamus que interpusiera el Gobernador ante la negativa del entonces presidente de la Cámara de Representantes a remitirle para su evaluación una pieza legislativa. El Tribunal interpretó las disposiciones constitucionales en cuestión y estableció que “[u]na vez los cuerpos legislativos aprueban una ley, la Asamblea Legislativa no tiene la discreción de optar por no someter el proyecto al Primer Ejecutivo. Asimismo, enrolar y certificar la medida como pasos previos a enviarla al Gobernador, no son actos discrecionales”.

El veto como poder ejecutivo es dinámico y matiza en una serie de opciones que tiene el Primer Ejecutivo del país. Recapitulando según lo anteriormente expuesto:

Recibida la medida por el gobernador, éste puede tomar una de las siguientes acciones:

  1. Firma la medida y la convierte en ley.
  2. Devuelve la medida a solicitud del cuerpo de origen.
  3. Veta la medida.

En cuanto al veto, los mismos se componen de la siguiente forma:

Veto de línea – En medidas de asignación de fondos, el Gobernador la puede convertir en ley, pero de la misma manera puede reducir o eliminar partidas de fondos en esa medida pasando una línea sobre dicha asignación y cambiando en el total final la asignación.

Veto expreso – Mientras la Legislatura está en sesión, el Gobernador tiene la obligación de explicar la razón por la cual vetó la medida.

Veto de bolsillo – Cuando la Legislatura no está́ en sesión, puede vetar la medida sin informar la razón o razones por las cuales vetó la medida.

En el ámbito federal el veto de línea o “Line-Item Veto”, ha sido eje de controversias. Algunos presidentes de los Estados Unidos han pedido reiteradamente al Congreso que les otorgue un poder de veto de línea. Ronald Reagan en su discurso de Situación de Estado de la Nación de 1986 le dijo al Congreso: “Esta noche le pido que me extiendan lo que cuarenta y tres (43) gobernadores tienen: otórguenme un veto de partida este año. Permítanme tener la autoridad para vetar el desperdicio, y yo asumiré la responsabilidad, haré los recortes, tomaré el control”. En 1995 el entonces presidente William “Bill” Clinton solicitó al Congreso de igual forma la extensión del mencionado veto. Esto produjo el “Line Item Veto Act of 1996 Pub.L. 104–130” radicado por el congresista Bob Dole. La ley fue impugnada en los tribunales y en 1998 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998), lo declaró inconstitucional en una decisión 6-3. En este caso el Tribunal Supremo federal, en decisión escrita por el juez John Paul Stevens, dictaminó que el veto de línea otorgado en la ley impugnada violaba el Artículo I § 7 de la Constitución de los Estados Unidos porque de manera indebida otorga al presidente de los Estados Unidos poder para enmendar o revocar unilateralmente partes de los estatutos que habían sido debidamente aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. El Tribunal entendió que si la Constitución no delega este poder de forma expresa, este no lo puede ostentar de otra fuente de poder.

No obstante, el Gobernador —al ejercer su facultad de vetar una medida— está consciente de que el contrapeso a su discreción ejecutiva recae en la Asamblea Legislativa que es ir por encima de su veto. Nuestro ordenamiento establece que para ir sobre el veto de un Gobernador se cuente con al menos 2/3 parte de cada cuerpo legislativo. Véase Art. III, §19 de la Constitución de Puerto Rico.

Aunque es parte de nuestro ordenamiento constitucional, múltiples razones han hecho que el ejercer esta facultad sea un hito de política pública, y el mismo es reseñado como un acto extraordinario.

En tiempos recientes, la primera acción de ir por encima del veto ejecutivo fue bajo la pasada administración, donde la Asamblea Legislativa lo ejerció con el fin de garantizar que no entrara en vigor el aumento al impuesto a los servicios y a las transacciones entre negocios (B2B). Esto sucedió con el Proyecto Sustitutivo de la Cámara al 2032, 2838, 2839 y 2840 [Ley Núm. 54-2016].

En esta administración, el reseñado ejercicio ha sido un acto más practicado. Tal vez el mejor ejemplo es la Ley Núm. 119-2017. Esta ley, que en su momento fue el P. del S. 43, establece “el Programa Escuela Libre de Drogas y Armas adscrito al Departamento de Educación con el fin de fomentar un ambiente pacífico y seguro en los planteles y zonas escolares, así como disminuir progresivamente la violencia escolar; crear un Comité Interagencial de Apoyo”. La misma fue vetada por razones fiscales. No obstante, al reconsiderar el veto expreso la Asamblea Legislativa obtuvo los votos necesarios en los dos cuerpos, y en su momento remitió la pieza legislativa al Secretario de Estado y a la Oficina del Gobernador certificando que en virtud del Art. III §19 de la Constitución de Puerto Rico, esta debía ser promulgada como la Ley Núm. 119-2017. Hasta la fecha el Gobernador ha vetado 14 proyectos, siendo la Ley Núm. 119-2017 el único proyecto convertido en ley por la reconsideración de la Asamblea Legislativa en irse por encima de su veto.

Entre tanto, en la realidad puertorriqueña esta dinámica se complica a la luz de un tercer cuerpo que opera en Puerto Rico llamado Junta de Supervisión Fiscal. Y es que en cuanto a la Ley 119-2017, la Junta ha cursado una misiva al Gobernador para que no ejecute lo que dispone la referida ley por razones fiscales. En teoría, la Junta está solicitando al gobierno de Puerto Rico corregir la “inconsistencia” con el plan fiscal en las disposiciones de la Ley 119. De estos no subsanar, reza la carta, la Junta estaría impidiendo la ejecución de la referida ley.

El veto es una acción legítima de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Nuevas estructuras, como la Junta de Supervisión Fiscal, retan nuestros horizontes de discusión en cuanto al ejercicio del poder. Al momento, la actual Asamblea Legislativa se ha mostrado en disposición a ejercer su poder de ir por encima del veto ejecutivo. Nosotros en Microjuris, como cronistas del quehacer jurídico, discutimos los marcos teóricos de las diferentes acciones de los sujetos políticos en aras de educar a toda la comunidad. Sigamos de cerca lo que parece ser el ejercicio de un cuarto veto, en los poderes delegados por el Congreso de los Estados Unidos a la Junta de Supervisión Fiscal.

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