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Viola el debido proceso instrucción al jurado amparada en presunción de portación ilegal de arma

Así lo decidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó recientemente que la instrucción impartida al jurado en cuanto a la presunción de portación ilegal de armas, en la etapa del juicio contraviene el debido proceso, la presunción de inocencia y la obligación del Estado de probar más allá de duda razonable los elementos del delito.

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En este caso, el Tribunal de Primera Instancia, amparado en la presunción de portación ilegal de armas, dictó una instrucción al jurado que tuvo el efecto de alterar el peso de la prueba y hacer mandatoria dicha presunción, relevando al ministerio público de probar la ausencia de autorización para portar armas, uno de los elementos del delito de portación ilegal de armas.

La opinión mayoritaria del Supremo, escrita por el juez Rafael Martínez Torres, citó al caso Pueblo v. Sánchez Molina, 134 DPR 577 (1993), para llegar a su determinación.

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«En Sánchez Molina expresamos -citando jurisprudencia federal- que el efecto que tiene la presunción mandatoria de relevar al Ministerio Fiscal de probar cada elemento del delito más allá de toda duda razonable es ‘impermisible por atentar contra la presunción de inocencia y el derecho a no ser privado de la libertad sin un debido proceso de ley'», sostuvo la opinión mayoritaria.

«Precisamente los efectos que catalogamos como impermisibles e inconstitucionales en Sánchez Molina, supra, son los que tienen la instrucción en este caso. En ese sentido, y acorde con nuestro pronunciamiento en Sánchez Molina, supra, y la vasta jurisprudencia federal allí citada, entendemos que la instrucción en cuestión, tal cual redactada e impartida, no tenía espacio, en la etapa del juicio, por contravenir preceptos fundamentales de la Constitución de Puerto Rico y de la Constitución federal, parte del debido proceso de ley, tales como la presunción de inocencia y la obligación del Estado de probar más allá de duda razonable todos los elementos del delito», sentenció Martínez Torres.

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El Tribunal Supremo explicó que, por lo tanto, la instrucción de portación ilegal del Libro de instrucciones al jurado de 1976 y del Proyecto de instrucciones al jurado no se puede utilizar para impartir instrucciones al jurado en casos relacionados al artículo de la Ley de Armas relacionado a la portación ilegal.

«En su lugar, el Tribunal deberá explicar que la presunción de portación ilegal permite, pero no obliga a inferir el hecho presumido (la falta de licencia para portar arma). Así solo basta que el “acusado arroje duda razonable sobre el hecho presumido para que no opere la presunción, y que aún si el acusado no presenta prueba a esos efectos, no viene obligado [el jurado] a inferir el hecho presumido”. Pueblo v. Sánchez Molina, supra, pág. 595. De esta forma se evita que la instrucción impartida haga mandatoria la presunción sobre un elemento del delito», ordenó el Supremo.

El juez Martínez Torres aprovechó para señalar que el Tribunal Supremo aprobó un nuevo Libro de Instrucciones al Jurado. En dicha instrucción no se hace mandatoria la presunción de falta de licencia de portación de armas.

De todas maneras, señaló Martínez Torres, en este caso, el hecho de impartir esas instrucciones no se trató de un error sustancial que requiera la revocación de la condena. EL acusado en este caso había admitido que portaba ilegalmente el arma, por lo que cometió el delito que se le acusaba.

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«No consta del récord que el señor Colón González o su representación legal hayan objetado la admisión de la confesión. Por lo tanto, fue debidamente admitida. Cuando evaluamos el valor probatorio de la evidencia física y testimonios que el jurado recibió, estamos convencidos de que el veredicto hubiera sido el mismo en ausencia de la instrucción errónea. Por lo tanto, resolvemos que en este caso el error en la instrucción al jurado de la presunción de portación ilegal de un arma no fue perjudicial y por ello, no exige la revocación del fallo», concluyó la opinión mayoritaria del Supremo.

El juez Luis Estrella Martínez emitió una opinión disidente, a la que se unió el juez Ángel Colón Pérez, en la que sostuvo que la mayoría debió descartar la vigencia de la presunción.

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«[E]n lugar de descartar la vigencia de esta presunción anacrónica, la postura mayoritaria perpetúa y difumina su efecto. Al así hacerlo, la transforma en una presunción permisible bajo el supuesto de que no le transfiere al acusado el peso de la prueba ni diluye la obligación del Estado. Empero, considero que esta propuesta mantiene en sus entrañas un defecto constitucional toda vez que la presunción continúa recayendo sobre un elemento esencial e imprescindible del delito», denunció Estrella Martínez.

«Con este proceder, se faculta al juzgador o al jurado a concluir la configuración de un elemento del delito mediante una presunción evidenciaria, exonerando así al Estado de su obligación de probar la culpabilidad de la persona acusada más allá de duda razonable en todos los elementos del delito. Ello es insostenible y vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia y al debido proceso de ley», disintió el juez asociado.

El juez tampoco estuvo de acuerdo en que no se revocara la condena por el delito.

«Por otro lado, no puedo avalar que, tras reconocer que hubo un craso error en la forma en que se obtuvo la condena por el delito de portación de un arma sin licencia, la Mayoría sostenga su validez al concluir que este quedó probado mediante otra prueba. Sobre este particular, sostengo que la prueba en la que se apoya tal conclusión no respalda la comisión del delito ante nos. Habida cuenta de lo anterior, estimo que, tras la incapacidad del Estado de probar la ausencia de licencia para la portación del arma, este Tribunal debió revocar la condena por ese delito», escribió.