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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos evaluó en dos audiencias consecutivas el uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos y cómo esta «realidad virtual» se ajusta a la protección constitucional federal de la libertad de expresión.
«Cada vez más y más nuestra democracia opera en las redes sociales», comentó la jueza Helena Kagan.
«El diálogo entre los funcionarios y los constituyentes es fundamental en la democracia. Mucha de esa conversación hoy ocurre en línea donde las redes sociales son el nuevo foro público», dijo uno de los abogados en las vistas, Allon Kedem. Se refieren a dos casos en los que se emitieron opiniones por parte de diferentes paneles del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito en Boston.
¿Cuál es la pregunta en el caso? El Tribunal Supremo decidirá si un funcionario público realiza una acción estatal sujeta a la Primera Enmienda al bloquear a una persona de su cuenta personal de redes sociales, cuando el funcionario utiliza la cuenta para presentar su trabajo y comunicarse con el público sobre asuntos relacionados con su trabajo, pero no lo hace en virtud de ninguna autoridad o deber gubernamental.
Se cuestiona en parte de si esa acción desde una cuenta personal de ese funcionario se trata de una «acción del estado» sujeta entonces a límites constitucionales federales.
El primer caso bajo la consideración del Supremo federal fue O’Connor-Ratcliff v. Garnier, en el cual los jueces del Supremo estadounidense evaluaban si un funcionario público realiza una acción estatal sujeta a la Primera Enmienda al bloquear a una persona de su cuenta personal de redes sociales, cuando el funcionario utiliza la cuenta para presentar su trabajo y comunicarse con el público sobre asuntos relacionados con su trabajo, pero no lo hace en virtud de ninguna autoridad o deber gubernamental.
El abogado de O’Connor-Ratcliff, Hashim M. Mooppan, expuso que la pregunta en el caso es si el acto de bloquear puede considerarse como una acción estatal, aun cuando se haga desde una cuenta personal.
«Esta cuenta la crearon antes de ser nombrados a un cargo público y que planean tener cuando termine su cargo», abundó Moopan.
«Cuando un funcionario usa su propiedad personal… todo ese discurso es personal». «Discúlpeme, ¿todo el discurso?», preguntó el juez John Roberts. «Sí», respondió sin vacilar el abogado.
A preguntas del juez Samuel Alito, Mooppan sostuvo que colocar un «disclaimer» o aviso, no sería suficiente para evitar confusión de la ciudadanía. Agregó que en todo caso, deben ser los estados los que regulen cómo los funcionarios pueden usar sus redes.
La óptica de los jueces sobre las redes sociales despertó una que otra carcajada en la audiencia como cuando la jueza Sotomayor expreso: «Voy a continuar llamándolo Twitter porque es como está aquí», en aparente alusión al reciente cambio nombre de esta red social a X.
Mientras, la jueza Amy Coney Barret comenzó a usar de ejemplo del caso de un oficial jurídico suyo que comience a socializar cosas de su oficina sin estar autorizado. «Eso es un mal uso», comentó poco después riendo, tratando de dejar claro cuál es su posición, causando risas en la vista.
Caso de Donald Trump
Luego se trajo el tema del presidente Donald Trump sobre el uso de su cuenta personal de Twitter.
Cabe destacar que el ex presidente de los Estados Unidos fue suspendido permanentemente de Twitter y otras plataformas sociales, como Snapchat.
«Un ciudadano no puede entender la administración Trump sin tener acceso a esa cuenta», mencionó Sotomayor. «(Trump) hizo mucho de gobierno desde esa cuenta de Twitter», afirmó Kagan.
El juez Brett Kavanaugh planteó qué ocurre si desde esa cuenta personal pone información que no aparece en una cuenta oficial, y a esto el licenciado Mooppan manifestó que eso sería una acción estatal, pero solo si no aparece en ninguna cuenta gubernamental. «Esto depende entonces de si resocializa», indicó posteriormente Kavannaugh.
La jueza Ketanji Brown Jackson cuestionó cómo es que se supone que la gente «entiendan que esto es un depositario personal de información» si la página del funcionario no aclara si es una cuenta oficial o privada.
La administración Biden se expresó a favor de esta posición, la de O’Connor-Ratcliff, esto en voz del procurador general adjunto del gobierno de Estados Unidos, Sopan Joshi.
Por su parte, Pamela S. Karlan, representante legal de Christopher Garnier Et Ux, indicó que en este caso el funcionario en cuestión colocó muy pocos comentarios personales en su cuenta personal, y que dependiendo del contexto, las acciones de ciertos funcionarios en sus redes sociales personales.
«Se convierten en acción del estado», reiteró.
«La apariencia ayuda mucho para entender cuál es la función», comentó poco después. También Karlan reconoció que resocializar pudiera ser una acción del estado.
El segundo caso fue Lindke v. Freed.
¿Cuál es la pregunta en el caso? El Tribunal Supremo decidirá si la actividad de un funcionario público en las redes sociales puede constituir una acción estatal solo si el funcionario utilizó la cuenta para desempeñar un deber gubernamental o bajo la autoridad de su cargo.
El licenciado Kedem, en representación de Lindke, puntualizó que parte del trabajo de un funcionario es informar a la ciudadanía, y en este caso el administrador de la ciudad usaba su cuenta de Facebook para informar, pero impedía el acceso a muchos ciudadanos.
«Hubiera sido un factor si tuviera un aviso», planteó la jueza Jackson. «Yo creo que el aviso hubiera quedado académico por la forma que el administrador usaba esa cuenta», respondió Kedem.
En este caso, el juez Thomas, quien, al ser el miembro más antiguo de la corte, siempre es el primero en hablar, comparó de inmediato lo discutido en la primera vista del día, relacionada con O’Connor-Ratcliff, con la segunda vista de Lindke, donde el primer funcionario apenas utilizaba su cuenta para asuntos personales. Otros jueces siguieron esa línea, como Neil Gorsuch: » ¿Y si el 95% de lo que colocara fuera personal y solo el 5% de asuntos oficiales».
«Si solo hay una opción para interactuar sobre asuntos de gobierno… el que (un funcionario) colocara muchas cosas de gatos y cosas personales, no cambia el hecho de que al ser bloqueado de su cuenta repentinamente pierdes acceso a mucha información», respondió Kedem, quien aludió al tema de los gatos y otros animales en varias ocasiones con los jueces.
«No te puedes esencialmente inmunizar de escrutinio público si estableces este canal de comunicación sencillamente por postear sobre tu perro», agregó el abogado.
A preguntas de la jueza Jackson de si «puede bloquear a una persona que haga comentarios sobre el perro… ¿eso sería acción del estado?», Kedem explicó que entiende «postear» sobre perros y gatos «no es acción estatal, pero que el problema es el bloqueo completo de un ciudadano».
Los argumentos incluyeron planteamientos del juez presidente Roberts sobre los derechos de expresión de los funcionarios públicos, a lo que Gorsuch trajo a la atención que actualmente ya son millones de ciudadanos que actualmente son funcionarios en Estados Unidos.
La posición del funcionario Freed fue representada en la vista por la licenciada Victoria R. Ferres, quien precisamente ancló su presentación en los derechos de la enorme cantidad de funcionarios públicos que hay en Estados Unidos, y aseguró que su cliente incluso decidió autocensurarse en el uso de redes sociales al verse demandado.
«Los 21 millones de empleados públicos en el gobierno deben tener derecho a usar las redes sociales como sus contrapartes en el sector privado», agregó Freed. «Los funcionarios no pierden sus derechos por tener un trabajo en el gobierno».
El gobierno federal, en voz de la procuradora general adjunta Masha G. Hansford, respaldó la posición de Freed. Estos casos son el asomo de otros que vendrán en el futuro cercano relacionado a redes sociales y funcionarios.
El juez Clarence Thomas aludió al asunto como «el elefante en el cuarto». Las vistas se celebraron una detrás de la otra desde las 10:00 a.m. y concluyeron poco después de la 1:00 p.m.
