¿Llegó el fin de la litigación contra el Estado? (Parte I)

por el Lcdo. Donald R. Milán Guindín

Sepa –estimado lector– si no lo sabe aún que el Gobierno de Puerto Rico está en quiebra, al menos eso reportan algunos funcionarios y los medios noticiosos. Aquellos con casos pendientes en los Tribunales contra el Gobierno como demandantes ya tienen que haber recibido la temida moción de paralización y en algunos casos hasta la determinación del Tribunal de archivo administrativo. Así es, aín cuando no se ha visto el juicio en su fondo o al demandante no se le ha adjudicado un solo dólar a su favor se paralizará su caso. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Esta no es la única interrogante a surgir, me vienen otras a la mente; ¿Qué debe hacer quien sufra un daño reparable o compensable por el Gobierno? ¿Cómo reclamará esa persona sus derechos ahora? ¿A qué se dedicarán los abogados de litigios del Departamento de Justicia una vez se paralicen todos sus casos a nivel local? ¿Será el Gobierno ahora negligente sin temor a ser demandado?

Siendo honesto con el lector, parecería que procede la paralización de los trámites judiciales contra el Gobierno que involucran el reclamo de cuantías de dinero, entiéndase daños y perjuicios, según lo está solicitando el Gobierno. Sin embargo, el efecto práctico de ello es devastador. Acompáñenme durante el siguiente relato.

Imagine que usted ha sufrido un accidente –claramente– a consecuencia de la negligencia del Gobierno. Envió, oportunamente, la notificación de intención de demanda, contrató un valiente abogado que litigaría el caso, compró el sello de presentación de demanda, pagó un adelanto al abogado y se emplazó al ELA. Siendo realista, hasta ese punto usted ha gastado $1,200.00. Vamos añadir un perito en su caso: $3,500.00. El caso no es tan complejo. Su abogado le informa que ha comparecido al Tribunal para la discusión del Informe de manejo, ha enviado un descubrimiento de prueba y un requerimiento de admisiones al Gobierno, que nunca contestan a tiempo, y le ha cursado varios correos electrónicos al abogado del Demandado. Pasan algunos meses y su abogado discute con usted la evidencia que le ha entregado el Demandado, celebran al ver el buen caso que usted tiene. Su abogado decide deponer a un testigo, súmele a su cuenta $500.00. Sus gastos van por $5,200.00, al menos los que podemos calcular con facilidad. Y de la noche a la mañana lo llama su abogado y le dice “que el Demandado ante la presentación de la petición de quiebra bajo la Ley PROMESA y el título tal ha peticionado la paralización en su caso”… Si usted entendió ese dialecto se cuestionará –inmediatamente– dónde quedó su día en corte.

Si usted es el abogado de la historia antes relatada sepa que las preguntas serán aún más complicadas: ¿Y esos $5,200.00 me los devuelven? “Pero licenciado ellos me causaron daños, usted lo sabe, no es justo que pase esto. ¿Ahora qué hacemos?”.

Lo cierto es que existe una gran incertidumbre en la comunidad jurídica sobre que pasará con los casos contra el Gobierno. Muchos abogados se verán afectados por la próxima paralización y peor aún, quienes han sufrido el daño real no tendrán quién les pague por ello. Existe hoy día una cantidad enorme de reclamos muy validos contra los atropellos del Gobierno que temo quedarán de alguna forma en el olvido. El camino a seguir para los demandantes es la espera y para los abogados oponernos fuertemente a la paralización. Tal vez debamos unirnos todos los abogados demandantes en estos casos para presentar una oposición más fuerte.

En la próxima nota discutiré las determinaciones de los jueces al respecto, las cuales ya imagino.

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