Por María Soledad Dávila Calero
En el Capitolio están atendiendo propuestas de Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) para Sordos, un programa que busca atender los problemas de accesos al derecho y a servicios gubernamentales para la comunidad sorda.
Una de las propuestas es la creación de una Videoteca Jurídica en Lenguaje de Señas que será implementada por la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y la otra propuesta es la creación de la Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico. Esta última fue presentada como proyectos dentro ambas cámaras con apoyo multipartidista.
«Estas iniciativas nacen cuando nosotros empezamos a atender este asunto de la comunidad sorda. Nos percatamos de cuán mal estaba la situación y que había un mal enfoque de servicio en cuanto a la comunidad sorda. Nos capacitamos y empezamos a repensar el problema y empezamos a verlo desde un enfoque jurídico», explicó a Microjuris.com el defensor legal de SAL para los Sordos, Juan Troche.
Troche nos contó que aunque hay leyes que protegen a la comunidad sorda, son letra muerta y que la falta de una política pública implementada —así como la falta de capacitación y la falta de acceso a recursos como intérpretes— tiene el resultado de atentar contra los derechos humanos de las personas sordas. Esto porque ven reducido su acceso a servicios gubernamentales, incluyendo servicios esenciales, como la salud, la educación, la vivienda y la justicia.
La meta de la oficina de enlace
El abogado de SAL para Sordos explicó que la meta de la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico es que pueda desarrollar política pública y ayudar a las agencias a poder implementarla.
Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien es una de las autoras legislativas, indicó que esta oficina también busca asegurar la disponibilidad de intérpretes de señas para cuando personas sordas necesiten servicios gubernamentales.
Además, si bien es positivo que personas empleadas gubernamentalmente aprendan lenguaje de señas, esto no elimina la necesidad de interpretes formales que estén capacitados para traducir lenguaje más técnico, argumentó Santiago.
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«Las personas lo que reciben es un adiestramiento básico que no los convierte en intérpretes eficaces. Se necesitan intérpretes altamente cualificados. En algunos casos, que puedan hacer interpretaciones en el lenguaje jurídico, el lenguaje médico. Y eso es muy difícil conseguir», dijo la senadora.
Para Santiago, «hace falta facilitar los servicios de interpretación y uno de los objetivos principales de esta oficina es centralizar esa disponibilidad. Ya que no es posible tener intérpretes altamente cualificados en cada una de las agencias o de las oficinas regionales, contar con un banco de intérprete que puedan estar disponibles tanto para dar servicio mediante cita previa como en situaciones de emergencia».
Detalles sobre los dos proyectos
En la Cámara alta, la oficina de enlace está propuesta en el Proyecto del Senado 152.
Junto a Santiago Negrón se une el senador independiente José Vargas Vidot como autor. Además, el proyecto cuenta con la coautoría de los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) Javier Aponte Dalmau, Elizabeth Rosa Vélez y Juan Zaragoza.
Del Partido Nuevo Progresista (PNP), el senador Carmelo Ríos también está como coautor, así como la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassen y Rafael Bernabe. La senadora por el Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, también es parte del grupo que está promoviendo el proyecto.
La medida se encuentra ante la Comisión del Gobierno del Senado, que preside el senador Ramón Ruiz Nieves.
El proyecto para crear la oficina de enlace aparece en la Cámara de Representantes como el Proyecto de la Cámara 477, de la autoría del representante Denis Márquez y los representantes del PPD, Roberto Rivera Ruiz de Porras y Héctor Ferrer Santiago.
También como autores están José Bernardo Márquez del MVC y Lisie Burgos Muñiz del PD.
La medida se encuentra ante la Comisión de Bienestar Social y Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara, que preside la representante Burgos Muñiz.
Estatus de la Videoteca Jurídica
En cuanto a la Videoteca Jurídica en Lenguaje de Señas, la senadora Santiago dijo que el insumo que había recibido de parte de la Oficina de Servicios Legislativos es que veían con buenos ojos la posibilidad de crear este banco de leyes en lenguaje de señas.
El enfoque inicial para esta videoteca, explicó Santiago, incluirá tener la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así como «medidas de protección ciudadana, como la Ley 54» en lenguaje de señas, más específicamente el American Sign Language (ASL), que es el lenguaje que de señas que se usa en Puerto Rico, junto con unos regionalismos particulares.
En cuanto a la importancia de tener estas leyes en lenguaje de señas, el licenciado Troche explicó que el lenguaje de señas es un idioma en sí mismo distinto al español, con una gramática particular.
A esto, Troche añade que el lenguaje de señas es el vernáculo para las personas sordas y —por lo tanto— es importante que las leyes estén disponibles en el ASL local.
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