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Últimos ajustes por compra de combustible y energía: un ABC

Para un cliente residencial no subsidiado con un consumo de 800 kWh, implica un aumento de $5.27 en su factura mensual.

Por votación de 4 a 1, el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público emitió ayer una Resolución y Orden mediante que modificó los factores correspondientes a las cláusulas de ajuste por compra de combustible y compra de energía.

Estarán vigentes desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

El nuevo factor correspondiente a la cláusula de compra de combustible es 11.8065 ¢/kWh, mientras que el nuevo factor de la cláusula de compra de energía es 2.8785 ¢/kWh. 

Esto representa un aumento en la tarifa por servicio eléctrico igual a 0.6584 ¢/kWh, en comparación con el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021. 

Para un cliente residencial no subsidiado con un consumo de 800 kWh, implica un aumento de $5.27 en su factura mensual. La compañía LUMA había solicitado un aumento de 2.49 ¢/kWh, lo que representaba $19.94 adicional en la factura mensual del referido cliente residencial.

Para el cómputo de estos factores, el Negociado de Energía determinó diferir la cantidad de $8,252,146.71 por concepto de compra de combustible y $2,638,084.84 por concepto de compra de energía. 

Estas cantidades corresponden a los cargos por compra de combustible y por compra de energía que LUMA no facturó durante los meses de junio, julio y agosto de 2021 debido a una situación surgida en su sistema de facturación. 

LUMA espera emitir las referidas facturas, por lo que propuso no recuperar las mencionadas cantidades de los demás clientes de la AEE.

De igual forma, el Negociado de Energía difirió la cantidad de $75,776,788.20 correspondiente al incremento en los costos de compra de combustible debido al uso de unidades generatrices que consumen combustible diésel, los cuales no estaban proyectados. 

La AEE tuvo que utilizar las referidas unidades porque ciertas unidades de generación base que fueron modeladas como disponibles en el pronóstico de costos, estuvieron fuera de servicio durante el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de 2021.

Descarga la Resolucion y Orden de Factores de Energía

Razón para la determinación

El Negociado de Energía basó su determinación en que debía examinar con mayor rigor los hechos pertinentes que llevaron al uso de unidades más costosas debido a la limitación en la capacidad de generación. 

Uno de los eventos que investigará el Negociado de Energía es si la AEE utilizó fondos correspondientes al mantenimiento de las unidades generatrices para la compra de tres mega generadores (MegaGens) durante el año 2018-2019.

El Negociado de Energía expresó que si en efecto “se utilizaron fondos de mantenimiento de la flota generatriz para la compra de los MegaGens y, que la falta de mantenimiento adecuado se pueda considerar como la causa de la no disponibilidad de ciertas unidades durante el periodo de junio a agosto de 2021, el Negociado de Energía auscultará la posibilidad de que el rembolso pendiente de FEMA por concepto de la compra de los MegaGens se utilice para cubrir – en parte – el gasto incremental de combustible para el periodo de junio a agosto de 2021″.

Según el Negociado de Energía, esto con el fin de que sea la autoridad la que asuma el gasto y no los clientes.  El Negociado de Energía también expresó que evaluará otras alternativas que se pudieran implementar «para que no sean los consumidores los que sufran el costo incremental por concepto de consumo de combustible durante el periodo de junio a agosto de 2021».

El comisionado asociado, Ángel Rivera de la Cruz, disintió de la determinación de la mayoría del Negociado de Energía argumentando tres fundamentos principales:

  • la determinación no es consistente con las mejores prácticas regulatorias
  • la determinación podría conllevar impactos mayores en futuras reconciliaciones, toda vez que no se identifica una fuente de ingresos real de donde se recuperará la cantidad diferida de $75,775,797.60
  • la determinación representa un retorno a las prácticas tarifarias deficientes de la autoridad que se buscaba erradicar con la creación de la Comisión de Energía, ahora Negociado de Energía

Según el comisionado Rivera de la Cruz, como la AEE es una corporación pública que no tiene accionistas privados ni otros medios de ingresos más allá de sus tarifas, la AEE no tiene medios alternos para asumir gastos, como lo tendrían compañías privadas. 

Un segundo déficit

Rivera de la Cruz expresó que diferir la cantidad de $75,775,797.60 crea un segundo déficit, o cuenta por cobrar, por concepto de compra de combustible, distinto al déficit por concepto de la compra de los MegaGens. 

Dado que solamente una de estas cantidades puede ser cubierta por el rembolso esperado de FEMA, según el comisionado Rivera de la Cruz, habrá un déficit en los libros de contabilidad de la autoridad. 

Concluyó que el Negociado de Energía no identificó una fuente de repago real para cubrir la cantidad diferida de $75,775,797.60.

Rivera de la Cruz expresó que es deber ministerial del Negociado de Energía garantizar que la AEE recupere los costos prudentes y razonables incurridos para proveer el servicio que ofrece, puesto que no permitir a la AEE recuperar dichos costos tendrá la consecuencia de agravar su precaria condición financiera actual. 

De no tener la oportunidad de recuperar sus costos, la AEE «podría entrar en un estado de insolvencia en donde no cuente con los recursos económicos suficientes para adquirir el combustible que utilizan sus generatrices». 

Bajo ese escenario, los únicos recursos de generación disponibles para proveer el servicio serían los productores independientes de energía renovable a gran escala y las cogeneradoras AES y EcoEléctrica, los cuales representan aproximadamente el 33% de la electricidad consumida en Puerto Rico.

La opinión disidente concluye estableciendo que, durante años antes de la creación del Negociado de Energía, la AEE se rehusó a modificar sus mecanismos de recaudo a pesar de que sus gastos operacionales excedían sus ingresos, lo cual llevó a la insolvencia económica de la AEE y su situación financiera actual. 

Según el comisionado Rivera de la Cruz, «la determinación del día de hoy es similar a esas prácticas que la Ley 57-2014 buscaba erradicar con la creación de la Comisión de Energía, ahora Negociado de Energía».

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