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El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston revocó a un juez de distrito y a un magistrado que habían sancionado a un abogado por dudas sobre el origen de sus honorarios en un caso penal.
En un caso In Re, que no son tan comunes a nivel federal como en el estatal, un abogado demandó al gobierno de Estados Unidos debido a la decisión de un juez de descalificarlo para representar a un cliente y ordenarle que devolviera los honorarios que había recibido.
«Concluimos que el tribunal de distrito se excedió en su discreción cuando un magistrado sometió a un abogado a ser examinado por la fiscalía en un cuestionamiento sobre quién pagó los honorarios de abogado mientras representaba a su cliente», resolvió el panel de jueces apelativos.
Sobre el caso
Según la opinión de la apelación, todo comenzó en mayo de 2017, cuando las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento contra un hombre y le incautaron seis armas de fuego, alrededor de mil municiones, 266 bolsitas de cocaína, entre otros objetos.
Originalmente, al acusado se le asignó un abogado de oficio debido a su situación financiera de indigencia. Sin embargo, poco después se anunció que había contratado abogados a los que podía pagar. El primero solo duró dos meses, y luego se sumaron otros abogados, entre ellos el abogado que demandó.
En el proceso, la fiscalía federal presentó una moción en la que inquirió quién estaba pagando a los abogados de la persona. Plantearon un posible «conflicto de intereses » de los abogados con la posible «tercera parte» que estaba pagando.
El juez del caso, Francisco A. Besosa, ordenó a un magistrado que celebrará para una vista sobre el origen de los fondos.
Durante la vista, el abogado negó que hubiera conflicto, se comprometió por escrito a revelar quién estaba pagando los honorarios y afirmó que la solicitud de la fiscalía se basaba en la especulación de que el pagador era alguien «en la cima de la jerarquía».
El magistrado continuó con el proceso, y la fiscalía llamó al abogado como su primer testigo. Sin embargo, este se negó a declarar, argumentando que consideraba «antiético» ser testigo en un caso en el cual él mismo era el abogado defensor.
Además, invocó la quinta enmienda de la Constitución federal, que permite a los individuos evitar responder preguntas para evitar autoincriminarse en casos penales
Entonces, el magistrado no llamó al licenciado, pero sí escuchó el testimonio de otros dos abogados involucrados en el caso.
Estos explicaron el origen del dinero: la madre del acusado liquidó parte de su plan de retiro en una ferretería, obteniendo aproximadamente $17,500, y presentó evidencia al respecto. Además, una tía y otros familiares se unieron para pagar otros $10,000.
El magistrado interpretó la decisión de invocar la quinta enmienda como una implicación de actividad delictiva al responder a las preguntas. «Así lo entiende el Tribunal y así se reflejará en el acta», incluyendo esta observación en su informe al juez federal.
Los dos abogados que representaban al acusado en ese momento fueron descalificados y se les ordenó devolver los honorarios recibidos.
Sin embargo, el abogado apeló la decisión. En el primer punto en discusión, los jueces de apelación consideraron la alegación de que el abogado presentó la apelación fuera de plazo. Resolvieron que, aunque la norma general establece un plazo de 14 días para apelar en casos criminales y 60 días en casos civiles, los tribunales pueden determinar la «sustancia y el contexto».
Entonces, en este caso que se trata de una orden colateral al castigo criminal, es principalmente un asunto civil, y por lo tanto la apelación está en tiempo.
«Tanto la descalificación como el decomiso (de honorarios) son recursos que se imponen habitualmente en casos civiles», resolvió Boston.
En cuanto a los méritos de la apelación, el tribunal de apelación determinó que el tribunal de distrito abusó de su discreción al someter al abogado a un interrogatorio directo por parte de la fiscalía, ya que no tenía razones para saber que existía algún conflicto de intereses en particular.
El tribunal de apelación explicó que cuando un abogado es pagado por alguien diferente al cliente, puede existir un conflicto de intereses y que «hay peligros inherentes» asociados con ello, especialmente si el financiador de la representación legal es el operador de una empresa criminal.
Sin embargo, en este caso, no había fundamento para interrogar al abogado por parte de la fiscalía. La moción de la fiscalía solicitando la investigación ni siquiera contenía alguna especulación sobre cuál podría ser el potencial conflicto.
«La descalificación estaba fundamentada de forma insuficiente», resolvió el tribunal apelativo.