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Declaraciones juradas sobre vacunación se deben tomar por ciertas

Lo conversamos en la Pregunta Legal de la Semana con Microjuris.

La licenciada Nicole Rodríguez Velázquez, del bufete Ferraiuoli LLC, explicó en la Pregunta Legal de la Semana que las escuelas o universidades deben tomar por ciertas las declaraciones juradas que reciban sobre la exención de vacunación (por religión o por condición médica).

«Cuando le dan una declaración jurada, se tiene que tomar por cierta. Esto se firmó bajo pena de perjurio», puntualizó Rodríguez Velázquez durante la discusión sobre las exenciones de vacunación en escuelas y universidades.

Escucha la entrevista completa.

La abogada recordó que las dos exenciones que están disponibles son, en primer lugar, la relacionada a condiciones médicas y, en segundo lugar, la exención porque padres, madres o tutela tienen una creencia religiosa cuyos dogmas impiden la vacunación (de por sí o por algún componente de la vacuna).

Aunque Rodríguez Velázquez aclaró que no existe una lista oficial sobre las religiones que no promueven la vacunación o alguna vacuna específicia entre sus feligreses, muchos líderes religiosos ya han expuesto públicamente que sus dogmas no impiden o desfavorecen que sus miembros se vacunen.

Esta conversación surge luego que el Departamento de Salud de Puerto Rico estableció la Orden Administrativa 2021-509 para que el regreso a clases presenciales en las escuelas y en las universidades (públicas y privadas) está condicionado a la vacunación de las personas mayores de 12 años.

La también abogada del Departamento de Derecho Laboral y del Empleo de Ferraiuoli LLC explicó que la Ley 25 de 1983 concede autoridad al Departamento de Salud para establecer qué vacunas se van a requerir a las y los estudiantes tanto en las escuelas como en las universidades, porque incluye a estudiantes hasta los 21 años.

Continuará la vacunación para el regreso escolar

El juez Alfonso S. Martínez Piovanetti le puso luz roja a la demanda que presentó un grupo de madres y padres para que se paralizara la vacunación obligatoria como condición para el regreso a los planteles escolares.

Descarga la sentencia

El juez Martínez Piovanetti concluyó que «los demandantes no han logrado acreditar que hubiesen sufrido un daño irreparable, ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la Orden Administrativa 2021-509 sean reales, inmediatos y precisos, por lo cual las demás causas de acción incluidas en la demanda sencillamente no son justiciables».

Desde las personas demandantes

Las madres y padres pedían un alto a la vacunación obligatoria «para preservar intactos los derechos fundamentales de los demandantes».

«La emisión de la OA pone en desventaja a los niños y personal docente y crea un trato desigual injustificado», señalaban las personas demandantes en solicitud de injunction provisional y permanente.

El abogado Adrián Díaz Díaz explicó previamente a Microjuris que las órdenes ejecutivas eran contrarias a derecho, porque no se siguió la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ni tampoco se cumple con un debido proceso de ley porque —según su parecer— se pretendió limitar derechos sin que la Legislatura haya intervenido en el proceso.

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