Sin jurisdicción el Supremo para atender dilaciones en Registro de la Propiedad

Sin jurisdicción el Supremo para atender dilaciones en Registro de la PropiedadDescarga el documento: Centro de Recaudación de Ingresos Municipales v. Hon. Lourdes M. Bobé Santiago

Intel Puerto Rico Inc. otorgó la escritura número 6 del 11 de mayo de 1995 sobre Cancelación de Condiciones Restrictivas, Segregación, Permuta y Agrupación (“Escritura Núm. 6”). Aunque dicha escritura es el eje central de la controversia, no fue anejada en el recurso gubernativo presentado ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Intel Puerto Rico Inc. transfirió el dominio de las fincas agrupadas a Intel Puerto Rico y luego se vendieron las fincas a IATG Puerto Rico LLC (IATG). Para poder inscribir en el Registro de la Propiedad el título que se alega que IATG ostenta, el principio de tracto exige la inscripción previa de la Escritura Núm. 6 presentada por Intel Puerto Rico Inc.

El 22 de diciembre de 2011, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una acción en cobro de contribuciones sobre la propiedad inmueble en contra de IATG, en relación a las fincas.

Posteriormente, las partes suscribieron una Solicitud de Sentencia por Estipulación en la que IATG consintió a la venta en pública subasta de las fincas para satisfacer el pago de la deuda por concepto de impuestos sobre la propiedad inmueble.

El CRIM plantea que se reunió con la Registradora para saber sobre el estatus de la calificación de la Escritura Núm. 6. Luego de varios intentos de comunicación mediante misivas, la Registradora informó su “negativa a calificar” la Escritura Núm. 6. El CRIM alega que la Registradora le informó a su Subdirector Ejecutivo que la Escritura Núm. 6 podría adolecer de “defectos subsanables”, tales como la falta de documentos complementarios.

Así las cosas, la Registradora le recomendó al Director Ejecutivo del CRIM ejecutar la hipoteca legal tácita que grava las fincas. Inconforme, el CRIM acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante un recurso gubernativo.

La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Posee la Rama Judicial jurisdicción para acoger un recurso gobernativo que solicita que la Registradora de la Propiedad califique un documento luego de haber transcurrido 15 años desde su presentación?

El Hon. Rafael Martínez Torres emitió la opinión del Tribunal. Indicó que el 27 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley Núm. 216-2010 con el fin de alivianar el atraso en la inscripción de títulos en el Registro de la Propiedad. La ley estableció un “plazo improrrogable” de dos (2) años contados a partir de su vigencia para calificar los documentos que no quedaron inscritos mediante su operación, tales como aquellos que contenían segregaciones y agrupaciones. Dicha ley también dispuso de un “plazo improrrogable” de noventa (90) días para calificar los documentos presentados a partir del 1 de mayo de 2010.

No obstante, argumentó que la Rama Judicial no puede decretar que el documento quedó inscrito automáticamente por el transcurso del término improrrogable que estableció la Ley Núm. 216-2010. Reiteró que la función del Tribunal no es supervisar el funcionamiento interno del Registro de la Propiedad porque esa competencia recae sobre el Secretario de Justicia.

Argumentó que la Rama Judicial sólo debe identificar si el Registrador se ha negado a calificar o si en realidad se trata de una demora en el proceso de calificación. Si sólo se trata de una dilación, la Rama Judicial no posee jurisdicción.

Esbozó que en el presente caso no existe una negativa de calificar un documento y que solo existe una tardanza en el proceso de calificación. Enfatizó que el mero paso del tiempo creó un derecho a recurrir ante este Tribunal.

La Hon. Maite Oronoz Rodríguez emitió una opinión disidente. Arguyó que cuando transcurren 15 años y la Registradora de la Propiedad no califica un documento, no se trata de una mera demora, sino, de facto, de una denegatoria a calificar. En tales circunstancias, este Tribunal tiene jurisdicción para intervenir y ordenar a la Registradora que califique el documento. Describió de improcedente catalogar un término de 15 años como una tardanza o demora en calificar. Resaltó que la Ley Núm. 216-2010 estableció un plazo improrrogable de 2 años para calificar los documentos que no quedaran inscritos automáticamente en virtud de dicha Ley. Ese término se estableció, entre otras cosas, para evitar que se notifiquen faltas 10 o 15 años después de la presentación del documento.

Acentuó que dicha prolongada tardanza constituye una abdicación manifiesta de la Registradora de la Propiedad a su deber y dicha actuación implica una denegatoria a calificar.

Reseña por Joel Pizá Batiz

 

A %d blogueros les gusta esto: