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El licenciado Carlos Chévere Lugo resaltó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá si funcionarios públicos pueden bloquear a usuarios en sus redes sociales personales.
En entrevista con Microjuris, el abogado indicó que el alto foro judicial atenderá la controversia relacionada con los casos O’Connor-Ratcliff v. Garnier y Lindke v. Freed.
«Los circuitos apelativos decidieron con dos criterios adjudicativos diferentes y el supremo acogió certiorari. Lo que yo pienso que va a pasar es que el Supremo va a determinar a favor de los que están reclamando el derecho a la libertad de expresión y va a establecer un criterio para que no haya diferencia entre el análisis que hizo un circuito y el otro», expresó.
El primer caso involucra a dos miembros electos de una junta escolar en California, que compartían información a través de Facebook y Twitter, y bloquearon a padres que realizaron comentarios repetitivos en unas publicaciones.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos determinó que bloquear a los Garnier constituye una acción del gobierno y los miembros de la junta violaron la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Por otro lado, el segundo caso está relacionado con James Freed quien es el administrador de la ciudad de Port Huron en Michigan. El funcionario bloqueó a un residente de la ciudad que dejó comentarios críticos, sobre el manejo del COVID19, en la página de Facebook de Freed.
El Sexto Circuito resolvió que bloquear a Linkedin no violaba la Primera Enmienda porque Freed no manejaba su página de Facebook como parte de sus deberes como administrador de la ciudad.
«Antes se sabían de las cosas que iban a hacer los funcionarios por la radio o con los periódicos, etcétera. Ahora tienen una cuenta particular en las redes sociales. La mayoría de estas personas poseen una cuenta aparte de su cuenta privada. Es una cuenta que crean y la usan para comunicarse con sus representados. La pregunta es si esa cuenta y las comunicaciones son un foro público en términos de libertad de expresión», explicó el licenciado.
Asimismo, Chévere Lugo indicó que prevé que surgirán más controversias en las que funcionarios bloqueen a las personas en sus redes sociales.
«Entiendo que si se establece un estándar y ganan estas personas no creo que paren de bloquear a las personas, pero se puede reclamar y decir en el tribunal que le bloquearon el acceso a una cuenta que brinda información de la que se puede beneficiar», agregó.
Sin embargo, mencionó que, si el tribunal resuelve que los funcionarios no pueden bloquear a los usuarios, solo aplicará durante el periodo en que se destaquen como empleados del gobierno.
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